Desde el punto de vista de la comunicación política, no tiene que ser fácil gestionar una crisis de reputación derivada de que varios exresponsables de tu partido organizaran una trama corrupta y utilizaron sus cargos para desviar fondos públicos y enriquecerse. El PNV ha utilizado varias argumentaciones a cuenta del caso De Miguel, el caso más relevante de corrupción política sucedido recientemente en Euskal Herria. Merecen un análisis.

El lehendakari Iñigo Urkullu y Andoni Ortuzar han pedido perdón, pero dicen no tener ninguna responsabilidad en lo que hicieron sus compañeros de partido. Es extraño pedir perdón si no se tiene nada que ver. Nadie lo hace en la vida cotidiana, y es lógico. Huele a cinismo.

Ortuzar se quitaba de encima el tema diciendo que él no tenía responsabilidades en aquel momento. El problema de esta perspectiva es que todo apunta a Josu Jon Imaz –que además pasó de presidente del EBB a directivo de Petronor–, y a su sucesor, que es precisamente Urkullu.

Ortuzar caía en el victimismo y apelaba ayer a que ellos son «los primeros perjudicados». A esto le sumaba un extraño heroísmo: «Podía haberme quedado en el despacho, ponerme el chubasquero y que llueva», pero es necesario salir para que se «sepa que el partido pide disculpas y está vigilante». Quizás esperan una medalla.

Por si con desvío, victimismo y heroicidad no bastase, Ortuzar también pasó al contrataque, echando en cara a EH Bildu el «impuesto revolucionario» de ETA. Es tan ridículo que recuerda al PP más bufón de Antonio Basagoiti.

Con todo, el PNV no ha estado solo en la desfachatez. Elkarrekin Podemos ha pedido al resto de partidos que hagan autocrítica por no haber estado suficientemente vigilantes y no haber sido críticos con el poder jelkide. Lo dice días después de aprobarle los presupuestos al PNV. Ejem.

Hundir los parámetros del debate al nivel de los corruptos no traerá nada bueno. Faltan honestidad y medidas.