Arabia Saudí ha confirmado lo que el mundo sospechaba: que iba a condenar a varias personas para poder lavarse la cara por la atroz muerte y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi. Según la versión que ha dado la agencia oficial de noticias saudí –que en los días posteriores a la desaparición de Khashoggi afirmó que este salió del edificio por su propio pie, y luego que falleció víctima de una «pelea a puñetazos»–, los cinco acusados a pena de muerte «nunca tuvieron intención previa de matarlo», contradiciendo las conclusiones de la relatora de la ONU, Agnes Callamard. El propósito de este fallo es proteger al todopoderoso príncipe heredero, Mohamed bin Salman, y el de ofrecer a sus aliados una historia plausible a la que agarrarse. El efecto más probable es que quizá disminuya la confianza de sus socios preferentes, dejando la relación como la de un matrimonio sin amor en la que ninguna de las partes presenta el divorcio.

El soberano de facto del Reino del Desierto sobrevivirá a esta prueba. Pero su figura quedará ensangrentada para siempre y le costará dar credibilidad a su imagen como fuerza motriz de un nuevo y moderno país. Su legado quedará marcado, tanto por las atrocidades que hace a diario en Yemen, como por el desmembramiento y muerte de un periodista cuyo cuerpo hizo desaparecer y cuya familia y amigos no han tenido ni siquiera la oportunidad de despedir en un funeral apropiado y decente.

Queda en el aire otra cuestión: si a un periodista tan bien conectado como Khashoggi le hicieron todo eso, ¿qué no podrán hacer con periodistas menos conocidos y más comprometidos? Sean Khashoggi o Daphne Caruana Galizia, sea en Oriente Medio o en la Unión Europea, o sea Trump calificando la prensa como «enemiga del pueblo», los autócratas no solo atacan a los periodistas por vanidad. Lo hacen porque saben que, sin castigo ni presión internacional, matarlos seguirá siendo impune.