El presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene hasta el lunes para decidir si obedece al Tribunal Supremo español y cumple la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado a Quim Torra o si deja que el president de la Generalitat vote, con el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia.

Torrent ha convocado a las 15.00 el pleno sobre el proyecto presupuestario del Parlament y antes, a las 12.30, se reunirá la Mesa de la Cámara para abordar la situación de Torra tras la resolución de la JEC de inhabilitarle.

Fuentes parlamentarias citadas por Efe y Europa Press señalaron que en esa reunión, en la que Cs y PP insistirán en que se ejecute la orden del JEC y advertirán a Torrent de las consecuencias penales si deja votar a Torra, es posible que el PSC pida que los letrados del Parlament redacten un informe para determinar si la situación de Torra ha cambiado después de que el Supremo rechazara suspender de forma cautelar la orden de la JEC, como hizo en la Junta de Portavoces el jueves.

Torrent descartó pedir motu proprio un nuevo informe y los letrados, que ayer celebraron una reunión, no tenían previsto emitir un nuevo informe de oficio y dejaron el asunto en manos de la Mesa al considerar que retirar o no el acta a Torra es decisión política. En su último informe, concluyeron que la JEC no es competente para retirarle el escaño a Torra y estimaron que la decisión de inhabilitarlo «incurrió en vicio de nulidad de pleno derecho».

ERC mantendrá contactos con JxCat y la CUP este fin de semana para abordar esta cuestión.

Presiones «insostenibles»

La Oficina del president de la Generalitat emitió ayer un comunicado que anunciaba que Torra se reserva la posibilidad de emprender acciones legales por presunta coacción a Torrent, al entender que se están ejerciendo presiones «insostenibles» al presidente del Parlament para su inhabilitación. Insistió en que «la condición de diputado del Parlament de Cataluya del president de la Generalitat solo le puede ser revocada, en caso de que exista sentencia firme, por el propio Parlament».