Las organizaciones sindicales y sociales que integran la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria destacaron ayer, en una rueda de prensa celebrada en Bilbo, que los acontecimientos de las últimas semanas confirman que la huelga general es «absolutamente necesaria».

Los convocantes volvieron a criticar que el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, se «niegue» a recibir a los miembros de la Carta de Derechos Sociales, a diferencia de la de Nafarroa, María Chivite, aunque lamentaron que esta haya pospuesto la reunión prevista inicialmente para el próximo lunes, 27 de enero, al 4 de febrero, después de la huelga del 30 de enero.

Sostuvieron que «no es verdad» el argumento de Urkullu de que las reivindicaciones que motivan la convocatoria excedan las competencias propias del Gobierno de Lakua, ni las del Ejecutivo navarro.

Ambos gobiernos tienen competencias, según explicaron a modo de ejemplo, para eliminar la temporalidad en la Administración vasca, que se encuentra «a la cabeza europea, llegando al 40%»; garantizar al empleo subcontratado el derecho de subrogación con un salario mínimo de 1.200 euros y una jornada máxima de 35 horas; o complementar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros.

Tomar medidas contra la brecha salarial, aprobar los contenidos de la ILP contra la pobreza y exclusión social, y dar un giro a la política fiscal para erradicar el fraude y aumentar sustancialmente los impuestos a las rentas altas, las empresas y el capital son también medidas realizables para ambos gobiernos y que desmienten la falta de competencias que alega Urkullu, así como trabajar por un «marco propio» de relaciones laborales, en el que las decisiones se tomen en Euskal Herria.

En cuanto a las medida adoptada por el nuevo Gobierno español, los convocantes señalaron que «no dan respuesta a las demandas de la huelga general, y apuntan a una forma de gobernar en el que instrumentos como el denominado diálogo social o el Pacto de Toledo recuperan su papel de justificar recortes o de paralizar la recuperación de derechos».

Aseguraron a este respecto que las subidas en materia de pensiones y salario mínimo «llegan tarde», porque la subida del 0,9% para 2020 entra en vigor a la vez que el retraso en la edad de jubilación y el aumento de periodo de cálculo de las pensiones acordado en la reforma de 2011. Y al fijar en 950 euros el salario mínimo, en lugar de los 1.000 anunciados, han dado «derecho de veto a la patronal». También recordaron que la mayoría de los pensionistas vascos «cobra menos de mil euros».

Por otro lado, anunciaron que han remitido una carta a CCOO y UGT para que, «desde su propio espacio y planteamiento», se sumen a las convocatorias del 30 de enero, emplazamiento sobre el que hasta ayer no habían obtenido «respuesta».