Cuando alguien nos hace daño, nos perjudica, nos lesiona, nos vulnera o nos abusa y no asume su responsabilidad ni expresa ningún sentimiento de dolor o de pesar por el hecho de habernos hecho daño, lo que nos está diciendo, en el fondo, es que no merecemos el esfuerzo de un trato mejor. O nos merecíamos lo que ha pasado, o no ha sido para tanto o, si lo pensamos bien, hasta es posible que haya sido culpa nuestra. No importa si hablamos de relaciones personales o sociales, individuales o colectivas, el caso es que, si aceptamos esa idea –y solemos hacerlo a menudo y por las razones más diversas–, lesionamos nuestra autoestima y nos volvemos más vulnerables a que nos sigan maltratando.

Es lo que temo que ocurra en el caso Zaldibar. Es evidente que la Administración ha gestionado esta terrible catástrofe laboral, ambiental y humana como si cada admisión de responsabilidad diera una bala a sus enemigos políticos. Supongo que guiados por esa creencia tan profunda como equivocada que arrastra la conducta humana hacia sus peores abismos: que cada error que aceptamos nos empequeñece ante los demás y ofrece oportunidades a nuestros contrincantes. El problema es que la cercanía electoral convertirá las elecciones del cinco de abril en plebiscito sobre Zaldibar y, si las urnas no pasan factura a los actuales responsables políticos, habremos aceptado un esquema depresivo de abuso administrativo que, inevitablemente, pasará factura a la autoestima social y nos hundirá aún más en el depresivo ciclo político que estamos viviendo.

Hay que reaccionar. Y no basta con pensar que el PNV y el Gobierno Vasco lo están haciendo mal. Porque incluso para votar en contra de unas siglas, hay que votar a favor de otras. Alguien tiene que convencernos del cambio y tiene que hacerlo con razones poderosas, que nos hagan pensar que merecemos más, que nuestra humanidad tiene pendiente la mejor de sus versiones y que merecemos que se nos gobierne con integridad, altura de miras, responsabilidad, compasión y coraje.