Primero fue el Gobierno de Lakua en declarar la emergencia sanitaria en la CAV como medida para contener la expansión del coronavirus. Lo hizo ayer por la mañana y, por la tarde, Madrid, con el mismo objetivo, decretaba el estado de alarma en todos los territorios del Estado. Y aunque la Ley de Emergencias y la de Estado de Alerta restringen libertades importantes en la vida diaria, dentro del debate de lo necesaria o autoritaria que puede ser la medida, en caso de existir voluntad política, permitirá a los dos Ejecutivos intervenir la sanidad privada y ponerla al servicio de la pública, que es donde tenía que haber estado siempre para garantizar la salud a todas por igual. Y es que, en esta Europa del siglo XXI, el concepto de igualdad hace tiempo que desapareció en las manos del negocio neoliberal de privatizar derechos y convertir el individualismo indiferente en una norma de vida sin empatía. Activistas en los campos de refugiados de Grecia dicen que el coronavirus también ha llegado a Lesbos, a Moria y a otros asentamientos del Egeo. La diferencia es que allí los planes de contención, las cuarentenas no existen. Para decenas de miles de personas sin asistencia médica, sin agua, desnutridas y con graves infecciones, el coronavirus es una sentencia de muerte, la solución final en esos nuevos campos de exterminio que ya no son noticia.