El confinamiento vacía las calles y se las regala a los uniformados, salvo por esa gente que se apresura hacia el súper o la farmacia. El aparato represivo del Estado se arroga desde hace semanas ser el garante de que la gente se quede en casa, como si la ciudadanía no tuviera consciencia de la necesidad de encerrarse, como si el civismo y el miedo al virus no existieran. Ciudades como Tutera celebran que el Ejército patrulle las calles y, sin embargo, no hay datos que apunten tal necesidad.

El conjunto de cuerpos policiales presentes en Nafarroa (foral, española, Guardia Civil y municipal) han detenido desde el inicio de las restricciones a menos de 30 personas. No hay recuento oficial de la Ertzaintza, pero diariamente se informa de 5 ó 6 detenciones cada día. El grueso de los arrestos han sido por desobedecer órdenes, por lo que la necesidad de la detención es subjetiva. Lo que resulta obvio es que el escenario dista mucho de un apocalipsis de saqueo y vandalismo que justifique el despliegue de la fuerza militar. Ningún grupo social se ha rebelado contra la cercenación absoluta del derecho de reunión y movimiento. Los delitos más graves de los que se ha ido informando en Euskal Herria no van más allá de un conductor bebido o del menudeo de drogas.

El confinamiento ha traído más autoritarismo en todo el mundo, no solo en el Estado. Esto es así hasta tal punto que, el miércoles de la semana pasada, oficina de Derechos Humanos de la ONU, que preside Michelle Bachelet, solicitó que las detenciones sean «el último recurso», pues las cárceles y los calabozos no son sitios seguros. Bachelet también pidió que se liberara a presos, con especial atención a los enfermos, a los políticos y a los que le falta poco para salir.

Peligrosa autonomía

Aun siendo esta deriva autoritaria un mal global, el hecho de que el Estado hiciera oídos sordos a parar las detenciones y las excarcelaciones constituye una piedra de toque de cómo se está dejando Madrid arrastrar por el autoritarismo a cuenta de la proclamación del estado de alarma. Un discurso que, además, está siendo potenciado por el uso de los equipos de comunicación de lo que se han dotado policías y militares. Los distintos cuerpos compiten a ver quién viraliza más vídeos de sus detenciones, buscando que la gente que les jalee y pida castigos sin medida por saltarse el aislamiento. La Policía foral ha llegado a airear múltiples sanciones a una octogenaria.

De entre los vídeos que más han sacudido las redes, dos están protagonizados por la Ertzaintza. En uno de ellos, una patrulla paran a un ciclista y el policía lo avasalla amenazándole con multas si le vuelve a ver pedaleando hacia el trabajo. El protocolo de la Ertzaintza reconoce la validez de la bicicleta como medio de transporte. En otra grabación reducen a una mujer que sale en defensa de un hijo con problemas mentales. Tan grave es lo que recogen las imágenes que la Ertzaintza ha tenido que abrir una investigación interna.

«Si no vas a aportar, aparta»

En Iruñea, por ejemplo, ha calado la sensación de que la presión policial va a más. En la capital navarra, el alcalde pone el papel de los policías municipales a la misma altura que los sanitarios y les ha proporcionado trajes EPI que luego escasean en el hospital. Los municipales ya interrumpen conversaciones en la calle, pese a que se hagan desde la distancia. Un agente d este cuerpo, fuente habitual de este periódico, corrobora esta vuelta de tuerca, pero niega que hayan recibido instrucción alguna para apretar un poco más. «Ocurre justo lo contrario, que cada uno [cada agente] va a su bola». En su opinión, simplemente se trata de la seducción que ejerce el poder entre los policías.

La cuenta del Sindicato Unificado de Policías (SUP) retrata en un tweet cómo parte de los uniformados se sienten, a día de hoy, por encima que los electos. «Si no vas a aportar, aparta», le espetan a la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, por cuestionar el manejo del estado de alarma por parte del PSOE. En otro mensaje, este sindicato policial alienta a que los vecinos «de los balcones» vigilen y denuncien a los demás.

Han sido los políticos quienes otorgan este papel preponderante a las fuerzas de represión. Así lo dibuja el Gobierno español en sus comparecencias en las que se da cuenta de la evolución de la epidemia. Allí aparecen el experto en emergencias sanitarias, el Jemad y los portavoces de Policía española y Guardia Civil. El primero ofrece las cifras de muertos, infectados y curados mientras que los otros lanzan las suyas de sanciones y detenciones. Como si estas últimas fueran tan importantes como las que marcan la evolución de la epidemia.

A todo esto hay que añadir toda una campaña de blanqueamiento de Ejército y Guardia Civil, que a falta de desórdenes en las calles se dedican a cumplir labores que debieran ser asumidos por Protección Civil. Desinfecciones de sitios públicos a arbo de la UME, transportes de alimentos que para nada requieren ser ejecutados por hombres armados... Todo ello se vende como actos heroicos en las redes por unos equipos de comunicación de los que carecen, por ejemplo, los bomberos. En algunos casos, estas acciones de presunto heroísmo tienen cierta resonancia neofranquista, como la noticia filtrada a los medios la semana pasada de guardias civiles llevando comida donada por el Corte Inglés a las Hermanitas de los Pobres.

En resumen, la sintomatología totalitaria que registra este estado de alarma despunta como muy grave por la ausencia de incidentes que la justifiquen, la rapidez con la que ha aparecido, el peligroso margen de autonomía del que gozan ciertos agentes y, fundamentalmente, por cómo está siendo blanqueada y potenciada desde el propio Gobierno español.