La crisis sanitaria causada por el covid-19 ha puesto de manifiesto los problemas estructurales que acarrea el Estado español, sobre todo en materia de salud, pero también en otros campos como el económico y laboral. Así se desprende de lo manifestado ayer por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que en un informe recomienda a Madrid que refuerce su sistema sanitario y tome medidas para proteger el empleo y la renta de las familias para hacer frente a la pandemia e impulsar la recuperación este año y el que viene.

El Ejecutivo comunitario ha publicado sus recomendaciones de política económica para los estados de la UE, unas sugerencias que no se centran en evaluar el cumplimiento de las metas fiscales, como es habitual, sino en darles orientación para paliar el impacto de la pandemia y relanzar el crecimiento.

«Las prioridades serán invertir en salud, proteger el empleo, asegurar liquidez a las empresas y abordar el impacto sobre la sociedad», resumió Dombrovskis.

Falta de inversión en sanidad

En concreto, la CE insta al Estado español a que refuerce «la resiliencia y capacidad del sistema sanitario» en lo que respecta a la salud de sus trabajadores, los productos médicos críticos y la infraestructura, y aunque destaca que su desempeño, bajo una «presión sin precedentes», está siendo bueno, apostilla que esto ocurre «a pesar del bajo nivel de inversión». «La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de ellos derivados de la falta de inversión en infraestructuras físicas y defectos en la contratación y condiciones laborales de los trabajadores sanitarios», expone el informe de la Comisión.

Una afirmación que llega después de que en estos meses las quejas por falta de material sanitario hayan sido una constante, sobre todo durante el pico de la pandemia, cuando muchas y muchos profesionales hicieron frente al virus con medidas de protección insuficientes. El gran número de sanitarios infectados resume esta falta de previsión, inversión e infraestructura, que también ha sido criticada en los centros hospitalarios vascos, donde han padecido igualmente los rigores de la merma presupuestaria de los últimos años.

Bruselas subraya además que habrá que garantizar el acceso a cuidados médicos y sociales para las personas con discapacidades y los mayores en residencias, así como asegurar que la disminución de recursos por la recesión no afecta a la cobertura sanitaria de los ciudadanos.

Más allá del ámbito sanitario, la CE recomienda a Madrid que adopte medidas para impulsar el empleo, preservar puestos de trabajo e incentivos efectivos a la contratación y formación ante una crisis cuya vertiente económica hará que el PIB se contraiga hasta un 9,4% y el paro escale al 18,9% este año. A este respecto, aunque valora que el impacto sobre el empleo se ha mitigado por el uso de los ERTE, advierte de que «las consecuencias de la pandemia se verán agravadas» en el Estado español por su estructura empresarial y el peso en la economía de sectores muy afectados, como el turismo y el comercio minorista, y la elevada proporción de trabajadores temporales (26,3%).

Más pobreza y exclusión

Por ello, le insta a proteger los ingresos de los hogares reforzando la protección por desempleo de los trabajadores temporales y autónomos, y mejorando tanto las ayudas a las familias como los esquemas de ingresos mínimos. «La crisis probablemente aumentará los altos niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre familias con niños», advierte el Ejecutivo comunitario, que subraya que la protección social se está orientando sobre todo a los mayores, a través de las pensiones, cuando la pandemia exige «una solidaridad intergeneracional en favor de los jóvenes».

Dura reprimenda a las residencias privadas

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, criticó ayer que las residencias privadas europeas «hayan favorecido durante mucho tiempo los beneficios a expensas de la calidad del servicio». Eso ha propiciado, lamentó en una declaración publicada en su página web, que este tipo de espacios estuvieran «insuficientemente preparados y, muchos de ellos, carecieran de personal de manera crónica» cuando comenzó la crisis sanitaria del covid-19.

Mijatovic señala en su escrito que el personal de estos centros «carecía de equipamientos de protección individual, a pesar de que a menudo estaban tan en primera línea como el personal hospitalario», y añade que la colaboración entre centros de mayores y hospitales «ha sido insuficiente», así como que la vigilancia epidemiológica «ha dejado mucho que desear» y que las medidas de control contra el contagio «no han sido las adecuadas».

A su juicio, en muchos estados «la gestión de la crisis parece haber sido caótica y el personal de los centros estaban a menudo abandonados a su suerte», pese a lo cual algunos de ellos «han hecho esfuerzos heroicos para proteger a los pacientes, confinándose en el establecimiento y evitando los contactos con su propia familia». Como contrapunto, cita «los pacientes infectados que fueron simplemente abandonados» en algunos lugares, entre los que cita al Estado español.

La comisaria también se refirió al Estado español por las acciones abiertas por la Fiscalía contra varios centros de mayores, hecho que igualmente se ha producido en Italia. Además, se hizo eco de las denuncias contra geriátricos ante los tribunales franceses. Mijatovic aseguró que la situación «plantea la duda legítima» de que las personas fallecidas en centros de mayores «hayan recibido toda la atención necesaria, que incluye cuidados curativos y paliativos para aliviar el sufrimiento».

Además, se mostró «particularmente sorprendida» por los informes de varios estados miembros de que algunos contagiados no fueron hospitalizados porque los hospitales y los servicios de urgencias estaban saturados. GARA