En el Estado español los presos y presas han sido los últimos en acceder a la desescalada tras el estado de alarma y van a ser los primeros en sufrir la escalada debido al aumento exponencial de los contagios en la calle.

En principio será para tres semanas, pero lo único cierto por ahora es que, según anunció ayer Instituciones Penitenciarias han decidido suspender todos los «vis a vis» en las cárceles de Iruñea, Zaballa, Basauri y Martutene, a la vez que en las de la Comunidad de Madrid, La Rioja, en las prisiones de Mallorca y Zuera, en Zaragoza, y en la de Valencia III.

Según informó posteriormente Etxerat, en base a los datos que manejan los familiares de presos políticos vascos, también se han suspendido estas comunicaciones íntimas en las prisiones de Jaén, Curtis, Daroca, Badajoz, El Dueso, y en un módulo en Puerto I. Se están dando también restricciones en Ocaña y Puerto III. Asimismo, se está sometiendo a cuarentenas a presos y presas en Topas.

La decisión anunciada ayer por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias afecta a todas las comunicaciones íntimas, es decir, a las que se dan fuera de locutorios y sin que medie un cristal, sean con familiares y allegados o de convivencia. Se mantienen las comunicaciones ordinarias y aseguran que promoverán las videollamadas. En el confinamiento dijeron lo mismo, y hubo de todo.

Justifican estas medidas y las cárceles elegidas en base a los datos últimos epidemiológicos.

Según las cifras que dieron ayer, durante los tres meses de confinamiento se registraron 85 positivos de presos en todo el Estado, lo que en porcentaje es «cuatro veces inferior a la de la población en general».

Después, desde el fin del estado de alarma, el acumulado de positivos entre los presos y presas es de 31. Según IIPP, la mayoría han sido asintomáticos y se han detectado al regresar de permisos o en ingresos. Entre los carceleros, desde el 21 de junio ha habido 36 positivos.

Impotencia y demandas

Tras conocer estas medidas, en una nota Etxerat denunció la «carga emocional por la situación de inseguridad, nerviosismo, miedo e impotencia, derivada de la crisis sanitaria que, en las cárceles, se traduce en ahondar en el aislamiento». Esto afecta tanto a familiares como a los propios prisioneros.

Los familiares de estos presos vascos piden que se tomen las medidas que desde el inicio de la pandemia han recomendado diferentes organismos dedicados a los derechos humanos: libertad para aquellas personas que pueden acceder a terceros grados y excarcelación de los presos gravemente enfermos y mayores de 65 por pertenecer a grupos de riesgo.

Nora Cortiñas, Adolfo Pérez-Esquivel, Brian Currin, Piedad Córdoba y otras 90 personalidades internacionales dedicadas a los derechos humanos demandaban en mayo esas medidas para los presos y presas vascas [https://bit.ly/31qf54M]. Así lo han exigido también diferentes instituciones y la sociedad civil vasca de mil maneras.

Etxerat pide que se hagan PCR a los presos para que puedan realizar las comunicaciones con garantías sanitarias. Celebran «el traspaso de competencias en sanidad penitenciaria al Gobierno foral, lo que permitirá que los presos navarros puedan acceder a los servicios de la sanidad pública en su propia comunidad», tal y como ocurre en los otros tres herrialdes.

No obstante, el problema para hacer efectivos estos derechos sigue siendo el alejamiento. Etxerat recordó que el 66% de los familiares tienen que recorrer «entre 1.200 y 2.200 km» para visitar a sus allegados.

Medidas ya apuntadas y a tomar en previsión de la segunda ola

EH Bildu, PNV, Unidas Podemos, ERC, Junts, Más País, CUP, BNG y Compromís pidieron en mayo al Gobierno español medidas alternativas para las personas presas ante la situación generada por la pandemia. En el manifiesto «Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad», demandaron que se apliquen medidas alternativas a la privación de libertad, como la excarcelación y el acercamiento de personas presas –algo que han hecho muchos gobiernos de todo el mundo–, la ampliación de comunicaciones con los familiares, la realización de diagnósticos rápidos para evitar que el virus se propague en prisión y garantizar la atención médica adecuada a grupos vulnerables o de riesgo. Pidieron que no se hiciesen «excepcionalidades».