Chile se encuentra inmerso desde el miércoles en la campaña electoral para otro histórico plebiscito, el que el 25 de octubre decidirá la derogación o no de la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y si el órgano encargado de elaborar el nuevo texto debe ser una asamblea formada solo por ciudadanos electos o integrada también por diputados.

Es la cita con las urnas más importante en tres décadas de democracia en Chile, desde el referéndum en el que un 54,71% de chilenos dijo «no» a Pinochet y puso fin a su régimen, ya que abre la posibilidad de llevar a cabo cambios profundos en un sistema político y económico muy cuestionado tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, cuyas principales demandas eran justicia social y derogación de la actual Constitución y que fue interrumpido por la pandemia.

«El hecho político más relevante es sacarnos el legado de la dictadura que sigue atando como una camisa de fuerza la posibilidad de cambios políticos y cambios sociales en Chile», asegura a AFP Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Un nueva Constitución podría abrir «un diálogo cerrado hasta ahora», agrega, sobre la posibilidad de implementar políticas públicas que hoy no se pueden siquiera discutir porque son consideradas inconstitucionales, como la necesidad de políticas públicas más redistributivas y una mayor participación de grupos excluidos.

Concebida como válvula de escape tras la crisis social generada por las masivas protestas de octubre de 2019, en la consulta –posible tras un histórico acuerdo político– se preguntará: «¿Quiere usted una nueva Constitución?». A lo cual deberán responder «Apruebo» o «Rechazo».

También deberán votar qué tipo de órgano redactará la nueva Constitución en caso de aprobarse la derogación: una Convención Mixta, conformada por constituyentes elegidos y diputados, o una Convención Constitucional, una especie de asamblea constituyente compuesta solo por miembros elegidos. La elección de los constituyentes será en abril y la nueva Carta Magna –que debe redactarse en un año– se ratificará en otro referéndum, este con voto obligatorio.

«Chile nunca ha tenido una Constitución escrita en democracia», recuerda Heiss a Efe.

Origen de las desigualdades

Redactada en 1981 y reformada decenas de veces, aunque no en sus aspectos fundamentales, la actual Constitución es vista por gran parte de la sociedad como el origen de las desigualdades que aquejan al país por su corte neoliberal, por eso el plebiscito es una de las principales apuestas políticas para desactivar la grave crisis que estalló en octubre y que se saldó con una treintena de fallecidos y miles de heridos.

Para los partidarios de la opción «Apruebo», agrupados en la oposición de izquierda y centro izquierda, otra Constitución representa un nuevo punto fundacional sobre el cual establecer un nuevo orden social, más igualitario en Chile, uno de los países más desiguales de la región.

En cambio quienes optan por el «rechazo», que se congregan en los grupos más derechistas, creen que es posible introducir cambios sin echar abajo una Constitución que, dicen, le ha dado estabilidad al país.

La pandemia se interpuso también en los planes electorales chilenos, ya que el plebiscito fue convocado inicialmente para el 26 de abril. Ahora se teme que pueda retraer a la ciudadanía a la hora de ir a votar. La situación sanitaria lleva varias semanas estabilizada, pero el fantasma de un nuevo aplazamiento ronda en el ambiente en caso de rebrote.

El presidente y el Congreso tienen la facultad de suspender el plebiscito hasta un día antes de su realización si cambian las condiciones sanitaria.