Paralelamente al Consejo Europeo que concluyó ayer, Bruselas y Londres continúan las negociaciones sobre un acuerdo comercial posterior al Brexit, pero ni el último plazo pactado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, ha aumentado las posibilidades de un firmarlo.

Ambos confirmaron ayer su pesimismo sobre la posibilidad de superar sus diferencias antes de la fecha límite del 31 de diciembre.

Johnson consideró «muy probable» el fracaso de las negociaciones y, a pesar de las duras consecuencias que supondría, estimó que no llegar a un acuerdo sería «genial para el Reino Unido y podríamos hacer exactamente lo que queremos a partir del 1 de enero».

Igualmente, Von der Leyen explicó a los líderes de los Veintisiete que las esperanzas de un acuerdo eran débiles.

Las conversaciones siguen bloqueadas en tres temas: la pesca, la solución de controversias en el futuro acuerdo y las garantías exigidas a Londres por la UE en materia de competencia. La UE ya ha planificado medidas de emergencia en caso de un «no acuerdo». Su objetivo es mantener la conectividad en el transporte por carretera y aéreo durante seis meses, siempre que Londres haga lo mismo, y garantizar el acceso recíproco a las aguas de ambas partes para los barcos pesqueros en 2021.

Entre las tensiones crecientes con un exmiembro –Gran Bretaña–, con dos actuales socios, Hungría y Polonia– y con un eterno aspirante –Turquía– , el Consejo Europeo trató de escenificar una imagen de acuerdos.

Uno de los más relevantes fue el compromiso de reducir las emisiones netas de CO2 del bloque comunitario para 2030 «al menos en un 55%» respecto a los valores de 1990, frente al vigente objetivo del 40%. Se trata del mismo nivel propuesto por la Comisión Europea e inferior al 60% que reclama el Parlamento Europeo (ver página 14).

En cuanto a Turquía, los líderes europeos acordaron sancionar las acciones «ilegales y agresivas» de Ankara en el Mediterráneo, pero se limitaron a sanciones individuales contra las personas involucradas en actividades de investigación y perforación en aguas de Chipre que se aplicarán en las próximas semanas, cuando se elabore una lista de nombres.

El presidente francés, Emmanuel Macron, alabó la «capacidad para mostrar firmeza» de la Unión, después de un complicado debate en el que varios países, como Alemania, Italia y el Estado español, se opusieran a las sanciones. Hasta marzo de 2021 no volverán a estudiar la situación.

Bruselas opta por «apretar el tornillo poco a poco» a un miembro de la OTAN con importantes apoyos.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya había advertido del «papel clave» que desempeña Turquía dentro de la Alianza, unas horas antes del inicio de la cumbre europea.

La falta de consenso hizo descartar la adopción de sanciones económicas contra sectores de actividad, así como la solicitud de Grecia de imponer un embargo de armas a Turquía.

«El compromiso es equilibrado. Esperamos que el mensaje llegue», sentenció la canciller alemana, Angela Merkel.

Pero el Gobierno turco rechazó una decisión que consideran «parcial e ilegítima», aunque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, restó importancia a las medidas adoptadas.

«Los países con sentido común de la UE han adoptado un enfoque positivo y han torpedeado el juego» destinado a imponer sanciones más duras, afirmó. «Tenemos profundas relaciones políticas y económicas tanto con EEUU como con la UE y ninguno puede ignorarlas o arriesgarse a perderlas», agregó.

Erdogan constataba así sus apoyos y trataba de calmar las cosas para preservar la economía turca del impacto potencialmente devastador de sanciones más duras.

Y, finalmente, el Consejo se felicitó por el levantamiento del veto de Hungría y Polonia sobre el plan de recuperación de la crisis provocada por la pandemia, que amenazaba el fondo de 750.000 millones de euros y el presupuesto 2021-2027 (1.074 millones) que lo respalda.

Los estados miembros han aceptado que el mecanismo que vincula el pago de fondos europeos al respeto al Estado de derecho no se implemente antes de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre su validez. Varsovia y Budapest, que ya han anunciado que recurrirán al Tribunal, lo vieron como una victoria que, además, les permite recibir unos fondos vitales para sus economías, sobre todo Hungría que las recibirá antes de las legislativas de 2022.

Ciudades y asociaciones contra la propuesta de política migratoria

Hasta 43 organizaciones y ciudades europeas de acogida han pedido a Bruselas que cambie la propuesta de reforma de la política migratoria, un texto que debatirán el lunes los ministros del Interior de los Veintisiete. «Está claramente orientado a las devoluciones, la prevención de llegadas y la protección de fronteras, sin ningún mecanismo efectivo de distribución de la solidaridad para los refugiados. El pacto olvida que los fundamentos del derecho al asilo descansan sobre una recepción digna de los solicitantes y el respeto de sus derechos fundamentales», denunciaron. A su juicio, el texto es desequilibrado y «propone procedimientos fronterizos donde el encierro aparecerá como el primer rostro de Europa para los recién llegados, mientras la solidaridad entre los Estados miembros para la acogida seguirá siendo opcional».GARA