El monográfico de la fundación Euskal Memoria dedicado a analizar la prisión política en Euskal Herria deja un buen número de cifras llamativas, algunas impactantes, y una conclusión irrefutable: la cárcel, una realidad ajena a la mayoría del cuerpo social de otros países, forma parte de la cotidianidad de un sector muy importante del nuestro. Tanto, que condiciona por completo su vida política y social, hasta el punto de que aún hoy ofrece contexto a las movilizaciones más multitudinarias y a los acuerdos más diversos, como se pudo observar la semana pasada en Nafarroa, pero también a los sufrimientos más arbitrarios y extendidos.

Vivimos en una tierra malacostumbrada a que una parte de sus habitantes vea pasar los días desde detrás de unos barrotes; nueve mil presos y presas en seis décadas es mucha gente para un país tan pequeño, y esa es una anomalía que nadie debería dar por buena. Pero ese dato es además un recordatorio del marco en que se han producido esos encarcelamientos, caracterizado por un conflicto de carácter político y por las diversas vertientes del mismo. En este sentido, entre los nombres que figuran en el trabajo de Euskal Memoria figura el de muchos militantes de ETA y otras organizaciones armadas, pero también el de gente que ha conducido su activismo por otras vías, ajenas a las armas; por ejemplo, las 610 personas presas por declararse insumisas al Ejército español, más de la mitad de las que fueron encarceladas en el Estado por ese motivo.

Un país donde la cárcel proyecta una sombra tan larga, es un país lastrado por un peso que le impide desarrollarse, y por tanto, debe ser objetivo prioritario evitar que las próximas generaciones sigan cargando con esa mochila. Para ello, sin embargo, no hay más camino que erradicar las causas que han propiciado que tantas personas se hayan arriesgado de forma consciente a acabar con sus huesos en una celda. Porque la sociedad vasca está tan acostumbrada a la cárcel como a revolverse ante la injusticia.