La consejera de Salud de Lakua, Gotzone Sagardui, compareció en el Parlamento para informar sobre las vacunaciones irregulares que se han detectado en al menos dos centros hospitalarios y que han provocado la dimisión y el cese de los respectivos responsables. La consejera atribuyó lo ocurrido al incumplimiento del protocolo en el primer caso y a la descoordinación y malentendidos en el otro. Desde luego, es difícil dar otra explicación a lo ocurrido en Santa Marina cuando el propio director, José Luis Sabas, se grabó mientras se vacunaba. Pero de la misma forma, es incomprensible que a estas alturas de la pandemia el responsable de un hospital no tuviera claro cuáles son los criterios de vacunación a seguir.

Ayer Sagardui aportó datos e información concreta sobre el caso; lo cual, vistos los antecedentes, da cuenta de la relevancia y la gravedad de lo ocurrido, de su potencial destructivo sobre la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y de la necesidad de impedir actuaciones como estas. Lakua tiene en sus manos la posibilidad de aprovechar esta crisis para hacer propósito de enmienda y mejorar la transparencia en la comunicación de la pandemia. Ganaríamos todos, ellos los primeros. Pero todavía queda un trecho para ello, como lo demostró la propia Sagardui, que pese a los datos que aportó, dejó varias cuestiones sin aclarar. La más evidente, probablemente, la razón por la que 500 viales llegaron a Santa Marina. Las versiones contradictorias entre ella y Sabas también deberían aclararse.

Con todo, lo más preocupante desde el punto de vista de la gestión sanitaria es el caos en el inicio del proceso de vacunación, algo que la propia consejera admitió en forma de «descoordinación». Resulta descorazonador, a estas alturas, observar semejante falta de previsión. Resulta imprescindible que las exigencias de las instituciones a la ciudadanía se fundamenten en la autoexigencia de las primeras. De lo contrario, se debilita la potencia de un esfuerzo que debe ser conjunto a la fuerza.