El antiguo dirigente del PP navarro Jaime Ignacio del Burgo compareció ayer como testigo en el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional española por la financiación irregular de este partido mediante la llamada «caja B».

En su declaración mediante videoconferencia, Del Burgo se ratificó en sus declaraciones de 2013 en relación a la entrega de dinero a la concejal de UPN en Atarrabia Elena Murillo y al que fuera consejero navarro de Salud Calixto Ayesa. En el caso de Murillo, explicó que le pidió ayuda tras sufrir un ataque en su domicilio en 2003 y que lo puso en conocimiento de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP, «que se sentaba a mi lado en el Congreso de los Diputados». Tras la gestión, Luis Bárcenas le entregó 500.000 pesetas (3.000 euros).

«Pasé por Génova, cogí el dinero, firmé, vine a Pamplona, se lo di a ella, firmó y mandé el papel a la gerencia nacional. No sé cómo contabilizaron ese recibí», manifestó Del Burgo.

Aseveró que «si yo hubiera sabido que había una contabilidad B hubiera puesto el grito en el cielo», poniendo en duda lo que ya se da por probado en la sentencia del «caso Gürtel». Aprovechó las preguntas para irse por las ramas y defender su «derecho al honor», hasta el punto de que el presidente del tribunal le llamó la atención y le recordó que estaba en este juicio como testigo y que no pesaba acusación sobre él.

«Luego se me machaca en los medios con acusaciones que son radicalmente falsas. Nunca he recibido ningún sobresueldo ni ninguna cantidad del PP», argumentó.

En relación con los pagos a Ayesa, explicó que estaban destinados a «compensarle» por su presencia en el Ejecutivo que presidía Juan Cruz Alli. «Cuando se hizo el pacto UPN-PP, por el cual el PP de Navarra se disolvió, se convino que si ganábamos las elecciones habría tres personas del PP en el Gobierno. Le comenté a Calixto Ayesa que podría ser uno de esos cargos. Me dijo que no podía, que no podía desatender su negocio porque estaba en una difícil situación económica, ya que había tenido que pagar catorce millones de pesetas –cerca de 85.000 euros– procedentes de un crédito de la UCD», relató.

UCD pidió un crédito para concurrir a las elecciones españolas de 1982. Tras el batacazo en las urnas, la deuda recayó en Ayesa y Del Burgo. Tuvieron que abonar 22 millones de pesetas (132.000 euros), de los que catorce correspondieron a Ayesa.

Del Burgo acudió a Madrid con este problema y allí decidieron dar una «compensación» a Ayesa por haber afrontado ese pago. «Me llamó Lapuerta para decírmelo, supongo que recibió una instrucción del señor Aznar». Del Burgo entiende que al fin y al cabo el PP se reivindicaba como heredero ideológico de la UCD. «Ayesa me dijo ‘ya que vas a Madrid todas las semanas [por su condición de diputado], podías hacerme el favor de recogerme ese dinero y traérmelo’». En total fueron 3,9 millones de pesetas, cerca de 24.000 euros, todo en mano y en metálico.

Negó que ese pago pueda recibir el apelativo de «sobresueldo» y justificó que se hiciera de manera «confidencial» debido a «razones políticas», «no queríamos que se supiera que un consejero del Gobierno de Alli estaba siendo compensado por el Partido Popular, aunque fuera por unas deudas de UCD. No parecía que una transferencia periódica fuera lo más adecuado, pero no era dinero negro».

Del Burgo aseguró que él no tiene «ni idea de cómo se tomaban las decisiones económicas», pero que le parece «ridículo e irracional que para hacer unas obras en Génova se utilizara dinero negro corrupto».