Asociaciones de vecinos de Donostia y otros colectivos que trabajan en torno a la problemática de la vivienda han recopilado los datos de los pisos turísticos en la ciudad y cómo les afecta la anulación por parte del Tribunal Supremo de la ordenanza que permitía abrir este tipo de negocios por encima de la primera planta.

Mientras no sea modificado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impide la implantación de pisos de uso turístico en plantas superiores a la primera, como pensiones y hostales. «La trampa consistió en asimilar el uso turístico de una vivienda al uso residencial, cuando son incompatibles», explican estos colectivos.

Según los datos del Registro Municipal, en Donostia hay 1.272 pisos destinados a tal uso, de los cuales 559 (43,9%) están por encima de la primera planta. Por barrios, entre el Centro y Gros suman más de la mitad. con 152 (27,2%) y 150 (26,8%) respectivamente. Les siguen Amara Berri, con 62 (11,1%); Alde Zaharra, con 48 (8,6%), y el Antiguo, con 45 (8,1%). Además, hay también 67 habitaciones ofertadas como turísticas en viviendas superiores a una primera planta.

Mercado de alquiler

Las asociaciones de vecinos y colectivos remarcan que «los pisos turísticos agravan la emergencia habitacional y el problema de la vivienda en la ciudad», ya que «tienen una clara incidencia en el mercado del alquiler de viviendas habitables».

Asimismo, denuncian que durante la pandemia, más de un centenar de estas viviendas se han pasado al mercado del alquiler de manera fraudulenta, manteniendo al mismo tiempo su licencia turística para cuando regresen las vacas gordas. Estas prácticas «son uno de los factores que hacen que muchos donostiarras no puedan vivir en su ciudad y que sean expulsados a otros pueblos», afirman.

Por ello, reclaman que no se modifique el PGOU para permitir el alquiler turístico en pisos situados a partir de la primera planta y que el alquiler de vivienda turística se regule como una actividad terciaria de carácter económico. Todos estos grupos llaman a manifestarse el próximo 22 de mayo para «denunciar la emergencia habitacional y reivindicar el derecho a la vivienda».