LAB ampliará la acusación a altos cargos de Osakidetza y del IVAP en el caso de las irregularidades en las oposiciones de 2018. Tal como informó ayer el sindicato, que ejerce de acusación popular, durante las testificales de esta semana se podría haber ocultado información «para proteger a personas concretas que formaban parte de las filtraciones», por lo que ha decidido cambiar la acusación por supuestos delitos de «obstrucción a la Justicia y por impedir la persecución de un delito de revelación de secretos».

Así lo notificaron en rueda de prensa la responsable de la Federación de Servicios Públicos de LAB, Eider Casanova; el delegado de LAB en Osakidetza, Jesús Oñate, y el abogado Iñigo Santxo. Según declararon, en la sesión testifical del pasado martes quedó de manifiesto que el director de Recursos Humanos y el secretario general del IVAP intentaron evitar que las notas de la «Opositora X» de Cirugía Plástica se hiciesen públicas, ya que «evidenciaban la existencia clara de una filtración que prácticamente el resto de opositores daban por segura».

Además, en estas sesiones también salieron a la luz dos reuniones de la exdirectora general y el exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, María Jesús Múgica y Juan Carlos Soto, respectivamente, con la «Opositora X» y el supuesto filtrador, que mantenían una relación de parentesco nuera-suegro. El primero de esos encuentros se produjo el domingo 20 de mayo de 2018, el mismo día del examen, entre la primera y la segunda prueba de Cirugía Plástica, cuando responsables institucionales se reunieron con la supuesta beneficiaria de la filtración. La segunda, dos días más tarde, con el presunto filtrador y, según LAB, a ambos se les ofreció «impunidad» a cambio de renunciar a la prueba. Una oferta que se cerró el 22 de mayo «fuera de toda normalidad».

Nuevos investigados

Por todo ello, los responsables de LAB anunciaron que propondrán al Juzgado que la exdirectora del IVAP, Maite Iruretagoiena; el secretario del IVAP, Fulgencio Aledo; el exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto; y la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, sean citados en calidad de investigados.

Además, el sindicato entiende que la actual Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza «podría ser responsable de un delito de denegación de auxilio a la Justicia», por lo que también solicitará que se incoe una nueva causa contra la actual responsable de Recursos Humanos, Pilar Uriarte.