La comisaria de Energía, Kadri Simson, presentó ayer el documento que Bruselas prometió a los Estados para hacer frente a la actual situación de encarecimiento de los precios mayoristas de la electricidad, que se han disparado un 200% en el último año.

El análisis el Ejecutivo comunitario parte de la idea de que el escenario actual tiene carácter temporal y la causa principal con los precios del gas. Estos, añade el texto, «seguirán siendo altos durante los meses de invierno y caerán en primavera, cuando se espera que la situación se estabilice», aunque todavía a niveles superiores a la media de los últimos años.

En este contexto, Bruselas plantea dos grupos de medidas: uno a corto plazo, que engloba todas estas medidas posibles en el marco vigente; y otro medio plazo, donde se incluyen ideas a explorar de cara al futuro y no para responder de manera específica al incremento actual de los precios.

Entre las acciones inmediatas, se encuentra dar «ayudas de emergencia» a consumidores pobres a través de vales o el pago de parte de sus facturas de electricidad.

El texto dado a conocer por la comisaria Simson subraya que los Estados miembros también pueden autorizar aplazamientos para el pago de facturas de la luz, decretar reducciones de impuestos para hogares vulnerables con carácter temporal y dirigir ayudas a empresas o sectores, aunque en línea con las normas sobre competencia.

Entre las actuaciones a desarrollar en el futuro, la Comisión Europea afirma que «explorará los posibles beneficios de compras conjuntas» de gas con el objetivo de «crear reservas estratégicas» y estudiará la posibilidad de revisar el reglamento sobre seguridad de suministro para «garantizar un funcionamiento más efectivo de los almacenes de gas».

La Comisión encargará a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) una evaluación sobre los «beneficios e inconvenientes» del diseño actual del mercado mayorista de la electricidad para «asegurar que sigue sirviendo a las necesidades» de los europeos.

Sánchez reevaluará las medidas a eléctricas tras sumarse el PNV a la presión empresarial

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el aviso del PNV de que se juega su futuro, afirmó en el Congreso que el Ejecutivo trabaja con la industria y las eléctricas para «aclarar y precisar lo que haga falta» del decreto de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas. Indicó que lo hará para «asegurar» de que estas no elevan su factura a la industria y también para facilitar nuevos contratos «a precios asequibles».

Este decreto ley, que entre otras medidas recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el precio del gas, se somete hoy a votación en el Congreso.

Sánchez realizó estas declaraciones ante la exigencia del portavoz del PNV, Aitor Esteban, de «retocar» el decreto ley ante el riesgo de un paro industrial, algo que, advirtió, amenaza incluso la viabilidad del propio Ejecutivo: «Está en juego el futuro de la economía, pero también el futuro de su propio Gobierno».

El planteamiento de Esteban llega tras el anuncio de Sidenor de parar la producción y de la posición adoptada por Lakua al respecto, dispuesto a «mediar» por las eléctricas.

Desde la patronal, los presidentes de Confebask, Eduardo Zubiaurre; Adegi, Eduardo Junkera; Cebek, Carolina Pérez Toledo, y SEA, Pascal Gómez, trasladaron su «posición contraria a esta medida» a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Señalan en una carta que «el coste de la energía es un factor fundamental para la competitividad y viabilidad» de las empresas, por lo consideran que la creación de una nueva tasa a toda la energía eléctrica no emisora, proporcional a la subida del coste del gas, «va a tener un impacto muy negativo en nuestros costes de electricidad». Consideran, además, que «supone, a todas luces, una modificación de las reglas de juego».

En esta línea de marcar el camino a Madrid, Lakua propuso que el Estado elimine de la factura eléctrica todas las tasas, entre las que citó las primas a las renovables, los extracostes no peninsulares y la anualidad del déficit tarifario, y que asuma su coste directamente, lo que podría suponer un ahorro de entre el 40% y el 45 % para las empresas, según explicó la consejera Arantxa Tapia. GARA