PP y Vox han cerrado un acuerdo para gobernar Castilla y León, ¿qué supone para los ayuntamientos de Trebiñu la entrada de la extrema derecha en la Junta?

Pablo Ortiz de Latierro: Siempre es un peligro que la extrema derecha entre en cualquier gobierno, y con la problemática que tenemos en el enclave, con dos ayuntamientos que luchamos por la integración en Araba, pues es un problema añadido.

Enrique Barbadillo: Consideramos que es un noticia muy mala que la extrema derecha entre en un Gobierno autonómico, y en este caso nos afecta a nosotros. Si hasta ahora hemos tenido muchas o todas las dificultades para ir adelante en nuestra reivindicación de intégranos en Araba, creo que ahora será bastante más complicado.

Entre los «ejes de gobierno» acordados por PP y Vox figura «asegurar la cohesión, el equilibrio y la integridad territorial de Castilla y León».

P.O.L.: Es la primera vez que entrar en un gobierno y están marcando sus pautas. Pero también influye que estemos nosotros en la situación en la que estamos. No somos el único enclave que hay en Castilla y León, pero sí que somos el único enclave que quiere cambiar de comunidad autónoma.

¿Se refieren al componente político que implica la integración efectiva en Araba?

E.B.: Creo que la mayor dificultad que nos plantean es esa, el hecho de que nosotros queremos entrar a la CAPV. Ya lo tenían bien atado en le Estatuto de Castilla y León, con la disposición transitoria. Y mientras no se derogue, que no se hará, seguiremos en la misma.

¿Cómo es la relación que mantienen con la Junta de Castilla y León?

E.B.: Es prácticamente nula.

P.O.L.: Es administrativa. Nos informan de cosas, y nosotros remitimos lo que tenemos que remitir por ley. El año pasado tuvimos una reunión sobre la desescalada. La única en tres años.

En mayo de 2020 se estableció que Trebiñu y Argantzon realizaran la desescalada con Araba.

E.B.: Nosotros pensábamos que haríamos la desescalada con Araba en todos los sentidos, y publiqué un bando en ese sentido. Pero se me echaron encima desde la Junta de Castilla y León, como lobos. Me dijeron que todo lo relacionado con las medidas sanitarias correspondía a Castilla y León, y la movilidad al País Vasco.

P.O.L.: No tenían ninguna intención de moverse ni de facilitar la vida a la ciudadanía. No fueron momentos fáciles para nadie. Hasta que se aclararon un poco las cosas no sabíamos lo qué podíamos hacer y lo que no, a dónde podíamos ir y a dónde no. Porque para salir del enclave, sí o sí, salgas por donde salgas, vas a dar a Araba.

Las relaciones se dan entre las autoridades de Gasteiz y de Valladolid, y las administraciones locales, las más afectadas por esta situación, están en medio.

&zeroWidthSpace;E.B.: Sí. Nosotros prácticamente no intervenimos. Ellos negocian y nos preguntan si queremos decir algo, pero no sé a dónde llega el decir algo. Lo normal es que no intervengamos.

P.O.L.: Los convenios fueron firmados entre ambas diputaciones, pero la Diputación de Araba tiene mayores competencias que la de Burgos. Y parece que entre el Gobierno Vasco y la Junta debe haber algo acordado, a falta de firmar.

¿Un nuevo protocolo?

P.O.L.: Sí, un acuerdo marco. Ya se firmó uno en 2011, y se ha desarrollado en los convenios, y otros en 2012, que afectaba a zonas limítrofes, pero no lo desarrollaron.

¿Cómo valoran los convenios suscritos entre diputaciones?

E.B.: No dejan de ser un parche a la situación que vivimos. Está bien para los ciudadanos, porque tienen cubiertas unas necesidades, pero si la nueva Junta de Castilla y León establece que no se firman más convenios con las instituciones vascas, podrían cortar los mismos, derogarlos. Y nos quedaríamos con el culo al aire, como se suele decir.

¿Qué tipo de servicios se regulan a través de estos convenios?

P.O.L.: Se regulan ocho materias, entre las que figuran Euskara, Cultura y Deporte, Servicios de Emergencia, Patrimonio... y luego hay subvenciones al Transporte y Bienestar Social, que es el que más afecta a la ciudadanía. Los vecinos y vecinas pueden optar a residencias en municipios limítrofes.

E.B.: En el ámbito sanitario, si se rompe el convenio, o no se firma una renovación del mismo, tendríamos que empezar a ir para abajo, a Burgos, a Miranda o a donde fuera, para recibir asistencia.

¿En lo que se refiere a Educación, ¿cuál es la situación actual?, ¿es posible estudiar en euskara?

E.B.: El euskera, institucionalmente, no está reconocido. Así como Castilla y León sí admite el gallego y el leones en diferentes zonas, como en el Bierzo, aquí no ha habido acuerdo cuando se ha planteado incluir el euskera como asignatura en el programa lectivo.

P.O.L.: En Argantzon hay una ikastola, que está concertada con el Gobierno Vasco. Esta es la única opción para estudiar euskara sin salir del enclave.

E.B.: Y con le tema del euskera hay que recordar que la Junta de Castilla y León nos obligó a anular el ultimo Plan de Euskera que hicimos, porque interpretaron que donde decíamos ‘normalización’ queríamos incluir el euskera como lengua cooficial. No era así, nuestra intención era normalizar el aprendizaje y el uso, no cooficializar la lengua. Ahora estamos preparando otro plan.

¿Cuándo estará listo??

E.B.: Estará listo en breve. Lo está revisando Diputación para no cometer el mismo error que la otra vez. Una vez que tengamos el texto definitivo lo tendremos que debatir en los ayuntamientos y aprobarlo en pleno.

P.O.L.:A finales de año seguramente estará.

Parece que pueden promocionar o impulsar el uso del euskara pero no ‘normalizar’ la situación del idioma.

P.O.L: Hay ciertas palabra que les chirrían.

E.B.: Por ‘normalización’ entienden que es poner el euskera en la misma posición que el castellano. Y eso no les gusta, pero hay tantas cosas que no les gustan del enclave... y menos la dirección de los ayuntamientos. Tener un territorio burgalés, con dos ayuntamientos, uno dirigido por EH Bildu y otro por el PNV les tiene que...

P.O.L.: En esta legislatura miran con lupa cada paso que damos.

Precisamente en diciembre los ayuntamientos aprobaron una iniciativa que busca avanzar en la integración en Araba, un texto que fue recurrido por la Junta de Castilla y León.

P.O.L: La iniciativa del 15 de diciembre constaba de tres puntos básicos: la creación de una mesa de trabajo entre ambos ayuntamientos, la puesta en marcha de una campaña comunicativa, e instar a la ciudadanía a que participe en el proceso de integración, a que se implique en las diferentes iniciativas. No íbamos contra ninguna normativa, y antes de aprobar la iniciativa lo miramos bien para que no hubiera problemas. En el pleno de febrero aprobamos una respuesta tras hablar con los servicios jurídicos, y poco después de las elecciones autonómicas de Castilla y León nos llego la carta en la que anunciaban el archivo del expediente.

E.B.: Se bajaban del burro.

¿La iniciativa por tanto sigue vigente?

P.O.L.: Sí, sigue vigente y lo han dado por bueno, o por legal. No estarán de acuerdo con ello pero lo han dado por legal.

¿Cuáles son los siguientes pasos a dar para lograr la integración?

P.O.L.: Estamos estudiando qué personas van a participar en la mesa. Y desde la mesa se acordarán los siguientes pasos a dar desde la vía institucional.

En lo que se refiere a la vía social, hace unos meses se relanzó la plataforma ‘Trebiñu Araba da’.

E.B.: Sí. El objetivo es revitalizar la llama, que estaba un poco dormida desde la aprobación de los convenios. La gente se ha acomodado un poco y el objetivo de la plataforma es volver a revitalizar ese sentimiento.

P.O.L.:Empezaron la campaña con las pancartas y las banderolas, que se están empezando a ver cada vez más en los pueblos.

Hace ocho años la iniciativa impulsada por el Parlamento de Gasteiz chocó contra el muro del Congreso...

E.B.: Estuvimos en el Congreso cuando se presentó la moción de modificación de límites territoriales, y los ponentes fueron cargos de PNV, EH Bildu y PSE, y a Txarli Prieto, del PSE, le dieron sus propios compañeros. Y luego hubo otro intento posterior en el Senado, a donde fueron los alcaldes anteriores, para dar una explicación de la situación que se vive en el Condado.

P.O.L.: Burgos tuvo que hacer un informe de mayores vinculaciones, pero mienten, porque las mayores vinculaciones son con Vitoria para tema de trabajo, sanidad, educación, ocio... 

¿Confían en las instituciones estatales, en la posibilidad de acordar una vía bilateral?

E.B.: No. Está difícil, y lleva difícil siglos. Si algún día llega al Gobierno español alguien con dos dedos de frente igual cambia la cosa.

P.O.L.: Algún día seremos Araba. Y el problema que tenemos no solo afecta al enclave, también afecta a Araba, porque la gente de Añana, Montaña Alavesa y Rioja Alavesa tiene que pasar por aquí para ir a Vitoria.

Ante esta situación, ¿se plantean la posibilidad de convocar una consulta ciudadana?

E.B.: Yo no tengo ningún inconveniente en proponerlo.

P.O.L.: Son decisiones que tiene que tomar la mesa. Podemos tener cada unos nuestras ideas, y la realización de una consulta puede ser una opción. Porque la situación es bien sencilla, es hacer una consulta vinculante, preguntar a la ciudadanía y acatar lo que diga.

E.B.: En el siglo que vivimos esa sería la solución normal y coherente.