El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció en el Congreso sobre el escándalo Pegasus tras semanas de retraso en las que el caso ya se ha ido enfriando. No negó que se espiara a líderes independentistas catalanes, pero desligó a su Ejecutivo de todo ello y redujo los casos atribuibles a los aparatos del Estado.

Según su versión, «el Gobierno no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de Inteligencia [CNI]. Resulta evidente que de 2015 a 2020, con la declaración unilateral de independencia y los sabotajes por toda Catalunya o los incendios en Barcelona tras la sentencia del procés, esa crisis fue fuente de una enorme preocupación para la seguridad nacional. De ahí que los servicios de Inteligencia propusieran y el juez acordara las medidas oportunas. Pero el Gobierno no decide sobre las decisiones operativas. Eso ha podido pasar con otro Gobierno, pero no ha pasado con este y les garantizo que no pasará».

Entrando en detalles, Sánchez admitió que se espió, con el aval del Supremo, a 18 personas, «no a 65» (en alusión al listado de Citizen Lab, que incluía a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu). «Nada fuera de la ley –subrayó–. Estos son los hechos». Luego calificó de «acusación sin fundamento» cualquier intento de achacar esto al Gobierno.

En cuanto al resto de casos, «la mayoría de los móviles infectados han sido por actores ajenos, igual que los de los miembros del Gobierno. Esa es la verdad», añadió. Sánchez reconoció que estas personas han sido víctimas de un delito y tienen derecho a denunciarlo, y les mostró su «empatía». En la última intervención, señaló que le consta que será muy difícil esclarecer los casos en que no hay aval judicial.

Transparencia y promesas

A partir de ahí, Sánchez defendió las decisiones tomadas por su Ejecutivo como ejemplos de transparencia, aunque en realidad lo que hacen es prolongar la opacidad sobre lo ocurrido. Citó, por ejemplo, la disposición a desclasificar documentos si lo solicita la Justicia (algo que muy probablemente no ocurrirá si se repara en antecedentes como los GAL); añadió el informe realizado de oficio por el Defensor del Pueblo español (que ha corrido a exculpar al Gobierno); y apostilló que las explicaciones deben ser en la comisión de secretos oficiales (por la que ya ha pasado la directora del CNI Paz Esteban, luego cesada sin explicación, sin aportar mayores precisiones).

En la promesa de «reforzar compromisos de control democrático», Sánchez hizo dos «anuncios»: una nueva Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la de 1968, que en realidad el Gobierno viene anunciando desde 2018 sin resultado práctico y con borradores cada vez más descafeinados; y reformas en la ley reguladora del CNI, que no concretó.

Jaume Asens, de Unidas Podemos, socio en el Gobierno, remarcó que «todavía no sabemos muchas cosas»: quién compró Pegasus dentro del Gobierno del PP, por cuánto dinero, por qué se espió a personas que no tenían actividades violentas (citó al president Aragonès)... «Nosotros tenemos una posición un poco más crítica que la suya: esto es un ataque a derechos fundamentales incompatible con la democracia. No podemos estar en la lista de la vergüenza con Hungría o Polonia». «Sabemos qué legado queremos dejar, ¿y usted, presidente?», concluyó.

Respuesta de Mertxe Aizpurua

Desde los grupos que han sufrido espionaje, Mertxe Aizpurua (EH Bildu) recordó de entrada que los pinchazos son «una constante» en las últimas décadas y los han sufrido desde el lehendakari Carlos Garaikoetxea a cargos de la izquierda independentista. «Pero eso no le quita un ápice de gravedad. Nosotras hacemos propuestas para mejorar la vida de la gente y ustedes nos espían. Nosotras sostenemos la mayoría y ustedes nos espían. ¿Le parece esto normal, le parece de recibo?».

Puso el foco en que se está espiando a gente «por poner urnas». Y le preguntó «ante quién responde la Inteligencia española» si Sánchez se lava las manos en sus actuaciones. «Tienen que depurar las cloacas, el Estado profundo», le exhortó, añadiendo que esos aparatos no solo actúan al margen del Gobierno sino también contra él.

«Sean valientes –le dijo Aizpurua a Sánchez–, aclaren esto, cierren esta crisis y actúen con la altura que el momento y la ciudadanía reclaman».

Gabriel Rufián, de ERC, espetó al presidente Sánchez que «un país que acepte la ley del silencio no es un país, es una mafia. España huele a cerrado. Para que España sea una democracia plena primero tiene que ser consciente de que no lo es».

Le reprochó que «¿cómo viene aquí a prometer un mayor control del CNI si el mayor controlador del CNI es el presidente del Gobierno, es usted?».

En cuanto a la afirmación de Sánchez de que la mayor parte de los espiados lo han sido sin autorización judicial y por «agentes ajenos», le preguntó si no habrá sido «un órgano estatal incontrolado, como Policía o Guardia Civil», y si no cabe la opción de que también los pinchazos al Gobierno tengan la misma autoría. «No crea que así les protege, van a pasar por encima de usted», añadió.

También Junts, PDCat y CUP fueron muy críticos.

PNV: «No nos tranquiliza»

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, señaló que «si cree que nos ha tranquilizado diciendo que no piensa conocer las decisiones operativas del CNI, se equivoca: un Gobierno no debe controlar, pero sí conocer». También Esteban dio por buena la hipótesis de que el Gobierno haya sido «pinchado» por agentes policiales y como Rufián recordó lo que dijo en el Congreso Macarena Olona (Vox): «Poco les han espiado».

De lo que Sánchez no habló fue ni del cese de la directora del CNI ni del espionaje a su propio móvil y a los de los ministros de Defensa e Interior.