PSOE y Unidas Podemos cerraron ayer un acuerdo definitivo para la puesta en marcha del fondo de compensación para víctimas del amianto y que dependerá, tal y como se había previsto, del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Una vez se apruebe el texto en el Congreso de los Diputados, el acuerdo establece un plazo máximo de tres meses para la puesta en marcha del fondo, según señaló Unidas Podemos. Además, se creará un órgano de seguimiento asesor, y adscrito a la Seguridad Social, que contará con la representación de víctimas y sindicatos. Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es que no solo serán beneficiarios del fondo los trabajadores, sino también las víctimas ambientales y domésticas.

El fondo estará garantizado anualmente a través de los presupuestos del Estado y también estará financiado por subrogaciones en las demandas y sanciones. Asimismo, «se ha regulado un procedimiento particular satisfactorio para UP para que los ciudadanos y ciudadanas puedan solicitar las compensaciones».

No supondrá un recargo de cotizaciones o las aportaciones de las mutuas, tal y como proponía el Parlamento de Gasteiz, pero ampliará los posibles beneficiarios, ya que el PSOE quería limitarlo a personas que tuvieran una incapacidad permanente de, al menos, un 33% sin derecho a ninguna prestación.

El acuerdo definitivo llega tras el principio de acuerdo alcanzado en mayo, y «gracias al trabajo de Unidas Podemos y a la presión de sindicatos y asociaciones, y el resto de grupos parlamentarios vascos».

Esta demanda recibió un espaldarazo sin precedentes hasta entonces cuando en noviembre de 2021 EH Bildu arrancó al Gobierno español «el compromiso explícito» para su puesta en marcha con una dotación de 25 millones en los presupuestos del Estado para este año.