Ayer se cumplieron tres décadas del episodio represivo más importante que ha padecido el independentismo catalán antes del relacionado con el referéndum del 1 de octubre. En solo tres semanas del verano de 1992, las fuerzas de seguridad del Estado español detuvieron a decenas de personas acusadas de pertenecer a Terra Lliure y preparar atentados coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona.

El entonces titular número 5 de la Audiencia Nacional y responsable de instruir la causa, el juez Baltasar Garzón, aplicó a los detenidos la Ley Antiterrorista al considerar que estaban colaborando con la organización para realizar acciones violentas -incluso un posible secuestro- aprovechando el acontecimiento deportivo que se iba a celebrar en la capital catalana.

La “Operació Garzón”, diseñada en una época en la que Luis Roldán dirigía la Guardia Civil y el ministro del Interior era José Luis Corcuera, propició el arresto de treinta personas antes del comienzo de los Juegos y una quincena más tras su conclusión.

Al margen de algunos miembros de Terra Lliure, la mayoría no tenían ninguna relación con la organización. Eran militantes del Moviment de Defensa de la Tierra (MDT) y, en un número inferior, de los denominados Comités de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partit Comunista de Catalunya (PCC) y el grupo ecologista Alternativa Verde. También se detuvo a un periodista del diario “El Punt” y a otro del semanario “El Temps”.

De todos los arrestados, 25 fueron juzgados en 1995 en la Audiencia Nacional, que condenó a 18 por pertenencia a banda armada, aunque poco después el mismo tribunal tramitó una petición de indulto al asegurar que no representaban ningún peligro.

La petición fue aprobada en agosto de 1996 por el Gobierno del Partido Popular, que entonces presidía José María Aznar.

CULTURA ANTIRREPRESIVA

La “Operació Garzón” tuvo un posterior capítulo el año 2000, cuando 17 de los afectados presentaron una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, por las torturas que sufrieron durante su paso por los calabozos de la Audiencia Nacional.

La demanda, coordinada por el letrado Sebastià Salellas, fue admitida por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que en una sentencia dictada en 2004 condenó al Estado español por incumplir el artículo 2 de la Convención. Dicho artículo le obligaba a abrir una investigación para esclarecer los indicios de abusos y maltratos existentes.

Todo ello ha hecho que, pasados treinta años de la primera redada, la “Operació Garzón” continúe presente en el imaginario del independentismo catalán.

No solo por la arbitrariedad de los arrestos y las torturas relatadas por sus protagonistas. Para la generación de activistas que lo vivieron, la “Operació Garzón” mostró el nivel de represión que el Estado español es capaz de ejercer con el fin de frenar la disidencia política.

«En 1992 éramos pocos, pero siempre que el independentismo ha tenido un papel importante en vistas a cambiar las cosas, el Estado español se ha dedicado a reprimirlo mediante detenciones y encarcelamientos», recordó Pep Musté, uno de los detenidos y torturados.

Musté hizo hincapié en que el método de la represión es parte troncal de la política de cualquier Gobierno español, dado que «ante la falta de argumentos recurre a este sistema para paralizar y debilitar los movimientos sociales y el mismo independentismo».

Pese a que la “Operació Garzón” generó un ambiente de miedo y estupor entre amplias capas de la sociedad, Pep Musté resaltó que permitió fortalecer la cultura antirrepresiva del independentismo y, con la sentencia favorable del Tribunal de Estrasburgo, sentó un precedente para la lucha que mantienen el movimiento y los colectivos de abogados en el actual contexto de represión.