La Comisión de Valoración creada por la Ley 12/2016 para el reconocimiento de las víctimas de la violencia del Estado ha dictado 46 resoluciones favorables en este segundo curso (el primero fueron 35). Seis son por fallecimientos, incluidos los producidos cuando la víctima se encontraba bajo custodia policial y otros con apariencia de ejecución extrajudicial. 28 son casos de tortura. 11 lesiones de diferente tipo por bala, pelota o agresiones. Hay también un caso de vulneración de la integridad moral y síquica.

La mayoría de los hechos, un total de 28, ocurrieron entre los años 1971 y 1980; nueve entre los años 1961 y 1970; ocho entre 1981 y 1990; y uno en el año 1997. La Guardia Civil es responsable de 18 casos y la Policía española de otros 15. En otros 4 fueron causadas por ambos cuerpos en detenciones distintas, y 1 por la Ertzaintza. 8 son acciones de «grupo incontrolado o parapolicial».

La abogada Juana Balmaseda y el profesor Jon Mirena Landa, presidenta y coportavoz, respectivamente, de la comisión, y el forense Benito Moretín presentaron ante el Parlamento el segundo informe, referido al trabajo realizado entre setiembre de 2021 y junio de este año. Y destacaron que han perdido mucho esfuerzo y tiempo con 523 demandas presentadas por miembros de las FSE y su entorno con una «abierta perversión interpretativa contraria al sentido último de la ley y con mala fe manifiesta».

«Abrumada».

La presidenta de la comisión, Juana Balmaseda, subrayó la gravedad de los hechos que se han encontrado, e informó de que «siendo especialistas en la materia, se encuentran muchas veces abrumadas por lo doloroso de los casos, y aún más por la actualidad del sufrimiento de las víctimas y sus familiares».

Por ello, explicó a los parlamentarios y parlamentarias que «esto debería hacernos tomar conciencia de que este no es un asunto del pasado. Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos reconocidas en esta ley son personas, mujeres y hombres, que hoy viven entre nosotros. Algunas víctimas han fallecido, pero el dolor de sus familiares y seres queridos sigue hoy muy presente y debe ser atendido».

«Oposición inadmisible».

El informe entregado en el Parlamento por la comisión recoge textualmente que «constatamos con preocupación que sigue habiendo actores y colectivos que constantemente se oponen al desarrollo de esta ley, a la protección de las víctimas que reconoce y a su derecho a la verdad y, en su caso, a la plena reparación». Añaden que «desde la comisión queremos manifestar que ello nos resulta inadmisible. No lo admitiríamos con otro tipo de víctimas. Con ninguna. Tampoco con estas».

Por ello la comisión concluye que «no podemos normalizar ni asumir un cuestionamiento permanente de las víctimas que esta Ley reconoce. Tampoco que se busque retrasar o dificultar la actividad de esta comisión, pues, en última instancia, las grandes perjudicadas por la demora son las propias víctimas».

En este punto criticaron las 523 denuncias de miembros de las FSE y de su entorno que pretendían colarse en la ley, cuando tienen otras normas para ellos, y de quienes «en abierta perversión interpretativa contraria al sentido último de la ley y con mala fe manifiesta, están intentando confundir a estas posibles víctimas, encauzando sus peticiones allá donde saben que no pueden ser atendidas».

En la presentación del informe, sus redactores apuntaron que en la mayor parte de los casos la actitud de las instituciones ha sido colaborativa, pero destacaron como «especialmente obstativa» la actitud de los archivos militares de los que no han podido obtener ninguna documentación de las peticiones cursadas hasta la fecha».

Reformar indemnizaciones.

El informe presenta también varias recomendaciones. La primera, volver a celebrar un acto institucional de reconocimiento de estas víctimas, de las graves vulneraciones de derechos que padecieron y que se deben visibilizar. También solicitan un impulso parlamentario de los trabajos de reconocimiento

Pero la reclamación más urgente es la de reformar las indemnizaciones, puesto que el sistema actual «genera flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos que o bien no pueden ser indemnizados o bien obligan a una indemnización irrisoria, indigna de tal nombre».

Por ello demandan que «una modificación en profundidad del artículo 9 es urgente y necesaria y en particular derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones sean estas permanentes o no».

Mas medios y credibilidad.

La comisión pide además una mayor dotación de medios, pues explican que «tras dos años de funcionamiento, pese a los refuerzos recibidos y al máximo de los esfuerzos de sus miembros y la preocupación y prioridad por imprimir toda la celeridad posible a su trabajo, no es capaz de tramitar eficazmente un número suficiente de expedientes que permita vislumbrar la resolución en tiempo y forma de las peticiones hechas».

Asegura el informe que «la respuesta de reconocimiento se pueda alargar durante años y no resulta una situación sostenible desde el punto de vista legal, ni tampoco del ético o político». Muestran su preocupación porque «este es un tema que puede comprometer gravemente la credibilidad y la función reparadora que la Comisión.

Terror con perspectiva de género

El informe presentado por la comisión recoge casos como el de la muerte de Mikel Zabalza, detenido por la Guardia Civil en 1985 y que depositaron muerto en el río Bidasoa. También describe la muerte de una persona que en octubre de 1982 detuvo de madrugada su vehículo en la N-1 para orinar y limpiar el parabrisas delantero y fue abatido a tiros por un miembro de los GAR.

Recoge lo que describe como una «ejecución arbitraria o ejecución extrajudicial» de dos militantes de ETA en un piso de la calle Tenería de Lekeitio en 1972. Estaban cercados por unos 40 efectivos de la Guardia Civil. Uno recibió el disparo de un francotirador al asomarse al balcón y el otro tiró las armas por la ventana para entregarse y pedir auxilio para su compañero, y fue tiroteado en la puerta de la vivienda.

El informe recoge todo tipo de prácticas de torturas, desde las aplicadas por Melitón Manzanas hasta las más actuales. Pero además, incluye una perspectiva de género. Señala que «a lo largo del trabajo de la comisión, se ha podido constatar el hecho de que las mujeres, cuando son sometidas a tortura u otros tratos crueles e inhumanos, enfrentan un riesgo específico añadido de sufrir actos de violencia sexual junto a determinadas formas de violencia a causa de su género, orientación sexual o identidad de género».

Se detallan testimonios de algunas de estas mujeres torturadas. Y también de «un número considerable de hombres» que durante su interrogatorio recibían amenazas de que habían detenido a sus parejas o hermanas y «les iban a hacer de todo» . I.I.