La ministra española de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), avanzó ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez «está trabajando» en la posibilidad de establecer un impuesto temporal para las grandes fortunas, en línea con una propuesta de Unidas Podemos, que entraría en vigor el próximo 1 de enero. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero defendió la necesidad de «pedir un mayor esfuerzo» a quienes tienen beneficios extraordinarios en estos tiempos, como las empresas energéticas, y a las «mayores rentas».

La ministra eludió dar detalles sobre el eventual futuro impuesto porque «hay que dejar que los técnicos trabajen», pero apuntó que sería temporal, como ya sucede con los gravámenes a las energéticas y la banca, que en principio estarán vigentes dos años.

Comentó que su intención es que el nuevo impuesto esté en vigor a comienzos del próximo año, aunque dijo que «habrá que ver la tramitación» que se elige, por lo que tampoco desveló si se incluirá en los Presupuestos de 2023.

Este gravamen temporal sería diferente del actual Impuesto sobre el Patrimonio, que grava las fortunas valoradas por encima de los 700.000 euros -excluidos 300.000 euros de vivienda habitual-, que está cedido a las comunidades autónomas y que la de Madrid (y próximamente Andalucía y Murcia) bonifica con un descuento total.

Gipuzkoa fue pionera pero no duró

De confirmarse que el Gobierno de Sánchez quiere sacar adelante esa iniciativa, seguiría la línea de la que fue impulsada por Bildu y apoyada por Aralar y PSE en 2012 en Gipuzkoa, que impedía además que los más ricos eludieran pagarlo con maniobras de ingeniería fiscal.

Cinco años más tarde ese impuesto fue tumbado por el nuevo Gobierno de PNV-PSE, de manera que Hacienda dejó de recaudar casi 13 millones de euros de la población más rica.