El juez prevaricador y conspirador Salvador Alba ha entrado en prisión para cumplir una condena de varios años. Llevaba diez meses intentando esquivar su ingreso con recursos y subterfugios legalistas, pero sus padrinos, gente de la banda que ahora capitanea el insuficiente Feijóo, lo han abandonado. Una de las personas contra las que más usó sus infectas maniobras, Victoria Rosell, compareció para hablar de asuntos de su actual cargo gubernamental y unas diputadas el PP quisieron descalificarla y les advirtió con severidad. «Aquí tienen impunidad parlamentaria, eso que dicen en la calle, serviría para presentarles una querella y deben empezar a asumir que se ha acabado la impunidad judicial».

¿Es cierto o es una proyección de un deseo de esta exjueza canaria que probablemente acabe como vocal en el CGPJ? Lo que está claro es que existe un problema globalizado, la confluencia de intereses entre algunas capas de la judicatura y los grandes propietarios y corporaciones que tienen en algunos partidos sus representantes más impropios para hacer lo que les venga en gana. Lo de la judicatura española, a bulto, es algo bastante evidente, por eso el retraso del PP para no renovar el órgano que regula a los jueces, porque están los más asilvestrados derechistas en los juzgados más importantes, y por eso tienen un de muro de contención para que no prosperen los innumerables casos de corrupción en trámite.

Si es cierto que la impunidad judicial se ha terminado, vamos a divertirnos viendo una coreografía crepuscular de togas y puñetas paseando por los banquillos de los acusados.