Fuentes del Ministerio de Seguridad Social negaron esta semana en un medio especializado que el borrador del convenio descargable en la web de NAIZ venga avalado por José Luis Escrivá. LAB, el sindicato que logró la primera copia del documento, aseguró ayer que, con la información de la que ellos disponen, la versión del Ministerio no es creíble.

«El ministro español ha desacreditado esta semana el documento, asegurando que es un documento de las mutuas que se ha mandado a la gente, pero esa ‘gente’ a la que alude de modo tan ambiguo son los Gobiernos autonómicos», recordó Imanol Karrera, portavoz en Nafarroa de LAB.

«Si lo que nos viene a decir el ministro es que las mutuas tienen capacidad y poder para mandar a los Gobiernos autonómicos un documento con potencial para poner patas arriba el sistema sanitario actual, por encima del Ministerio, estamos hablando de algo aún más grave», continuó.

En opinión de Karrera, tratar de desmarcarse ahora del documento revelado «para nada diluye» la responsabilidad del ministro, sino que en realidad la agrava, pues sería síntoma de que las mutuas actúan sin el control del Ministerio y que se sienten lo suficientemente poderosas para postular un cambio radical de todo el sistema sanitario en el Estado español.

Además de responder al Ministerio, LAB elevó una denuncia pública sobre el modo en que está gestionando el Gobierno navarro la situación. Así, ayer estaba convocada una reunión del Consejo del Instituto Navarro de Salud Pública, encuentro al que LAB intentó añadir un punto sobre el borrador de convenio mediante el cual las mutuas se harían cargo de todas las enfermedades de los trabajadores desde el primer día de baja.

Según reveló Karrera, el director general de Salud, Carlos Artundo, presidente de dicho Consejo, impidió que el punto se incluyese en el orden del día. Tal bloqueo, siendo formalmente posible por los plazos, resulta inédito. Nunca en este foro se han negado a tratar un asunto propuesto por una de las partes, es más, de forma habitual se solía incorporar un punto al final del orden del día para tratar cualquier novedad. Por este motivo, LAB comunicó su decisión de no acudir al Consejo.

Además, el sindicato criticó el hecho de que, si bien extraoficialmente la Consejería se ha mostrado contraria a firmar el convenio, el Gobierno habría ocultado su existencia tanto al Parlamento como a las organizaciones sindicales y profesionales implicadas en asuntos de Salud.

CONSECUENCIAS DEL CONVENIO

El responsable de Seguridad Laboral de LAB, Inko Iriarte, apuntó algunos de los aspectos más lesivos que, a su juicio, incorpora el convenio. Iriarte expuso que, de cumplirse, «la mayor parte del Sistema Público de Salud y, con ello, la salud de la clase trabajadora quedaría en manos de los empresarios». Lo que hace que «estemos ante el mayor proceso de privatización del sistema que hemos conocido».

Además, las pruebas, tratamientos y rehabilitaciones de los trabajadores correrían a cargo de las mutuas desde el primer día de baja. «Y se realizaría no para curarnos, sino para darnos el alta cuanto antes», indicó Iriarte.

Por otro lado, la implantación del Convenio da primacía al criterio de asistencia sanitaria al médico de la mutua con respecto a los médicos de la sanidad pública, a quienes ahoga con plazos e informes para poder oponerse a lo que haya decidido el facultativo de la mutua.