La entrada en prisión de Alfredo de Miguel, condenado por corrupción a doce años y cuatro meses de cárcel -con un límite de cumplimiento de nueve- no se producirá al menos hasta pasadas las elecciones municipales y forales de mayo.

Según informó ayer “El Correo”, el que fuera diputado y destacado miembro del PNV en Araba ha solicitado un nuevo informe médico forense para verificar cuál es su estado de salud. Hasta que no se reciba esta documentación, la Audiencia Provincial de Araba no hará efectivo el ingreso de De Miguel en la cárcel de Zaballa para cumplir la condena dictada en diciembre de 2019 y confirmada por el Supremo en enero. De los más de 12 años de cárcel a los que fue sentenciado deberá cumplir 9.

De acuerdo con esa información, la cita con el tribunal médico está fijada para mediados de mayo, y a partir de ahí el forense tendrá que emitir un informe sobre su situación, que no llegaría antes de las elecciones. Una vez resuelta la cuestión, y en caso de que fuera desfavorable para De Miguel, la jueza ponente de la sentencia condenatoria firmaría la orden definitiva de entrada en prisión. Entre tanto, el principal responsable de la mayor trama corrupta descubierta en Euskal Herria, sigue en libertad.

De Miguel fue condenado por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos. Su defensa ha apurado todos los plazos y utilizado todos los instrumentos legales para evitar su ingreso en prisión. Así, ha solicitado un indulto parcial al Gobierno, al igual que otros dos condenados, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano. Una petición a la que se opone la Fiscalía.

En abril, la Audiencia de Araba desestimó el recurso de súplica presentado por la abogada de De Miguel contra el auto del mismo tribunal que confirmaba las penas del caso.

El hecho de que Lakua le mantuviera en cargos de responsabilidad tras la confirmación de la sentencia resultó polémico.

En enero de 2020, GARA reveló que el exdiputado De Miguel estaba trabajando en la Fundación Hazi, pese a que en el convenio de esta entidad pública se recoge como «falta muy grave» cualquier condena por «delito de robo, hurto o malversación cometido fuera de la empresa». Es más, los documentos a los que tuvo acceso este medio indicaban que el exburukide ostentaba un puesto de responsabilidad en Itsas Garapen Elkartea.