El sindicato ELA presentó ayer un informe que analiza el acceso a la vivienda en Hego Euskal Herria y la gestión de las zonas tensionadas, y propone una serie de medidas para revertir la situación.

El sindicato considera insuficiente la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 al considerar que no combate la especulación inmobiliaria y sus medidas para abaratar los alquileres son «insuficientes». Además, denuncia que el actual sistema propicia un trasvase de dinero público a las constructoras y los propietarios «que se lucran a costa de un derecho que debiera ser universal».

Según el Observatorio Vasco de la Vivienda, el 81% de las personas que viven de alquiler lo hacen porque no pueden permitirse una vivienda o están de forma temporal hasta que puedan hacerlo. Además, el precio de los alquileres sigue encareciéndose en todo Hego Euskal Herria. Por ejemplo, una vivienda de 80 m² cuesta una media de 1.376 euros mensuales en Donostia, 1.136 en Bilbo, 912 en Gasteiz y 848 en Iruñea.

LAS PROPUESTAS

Ante esta situación, ELA propone en su informe una batería de medidas a tomar que pasan, en primer lugar, por declarar todo el territorio de la CAV y Nafarroa, sin excepción, como zonas tensionadas y aplicar la normativa a todas las viviendas de alquiler, no solo a las que están en manos de los denominados grandes tenedores.

También propone crear un índice de alquiler de vivienda en Hego Euskal Herria, «involucrando a los movimientos sociales que llevan años trabajando estas cuestiones», y movilizar las 100.000 viviendas vacías para alquiler.

El sindicato también considera que las instituciones públicas deben «limitar e incluso prohibir si es necesario» la oferta de estos alojamientos para aumentar el parque de viviendas en alquiler.

Por otro lado, propone crear una empresa pública de construcción de vivienda «para que se pueda construir vivienda protegida sin estar a merced de las constructoras».