La falta de consenso marcó la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia organizada ayer por el Gobierno español en Tenerife, donde las autonomías controladas por el PP no se posicionaron sobre la reforma de la Ley de Extranjería, que postula el reparto obligatorio de los menores migrantes cuando Canarias, Ceuta y Melilla no puedan asistirles.

Lakua, apoyada por las diputaciones, reclamó «un plan de contingencia concreto» para responder a «una realidad estructural y no coyuntural» para evitar vulneraciones de derechos.

También quedó pendiente el reparto voluntario de 400 niños y adolescentes, una cifra consensuada hace dos años que no responde a la actual emergencia.

La posición del PP se mostró clara antes de la cita, pues sus representantes autonómicos no acudieron a la visita a un centro de acogida en Tenerife, donde se trata de atender a 234 menores. Si estuvieron los consejeros de Nafarroa, Catalunya y Castilla-La Mancha. La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, mostró su «solidaridad» con la recepción de menores migrantes para, a renglón seguido, criticar el poco tiempo que tuvieron para analizar la propuesta de la reforma legislativa.

«Les pedimos que ayuden a todos esos niños y niñas a tener una mejor calidad de vida y a conseguir lo que ellos pretendían cuando se metieron en la patera o en el cayuco», manifestó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria.

CORRESPONSABILIDAD

En el caso de las instituciones de la CAV, abogan por atender las necesidades del fenómeno migratorio desde la corresponsabilidad de todas las partes, incluido el propio Ejecutivo español, que es el único competente en la gestión de crisis humanitarias.

«Ante esta falta de corresponsabilidad se debería dar un paso significativo, pasando de una situación denominada voluntaria a una situación definida como estructural. Se debe articular una respuesta cada vez más adecuada y adaptada a las necesidades», señaló la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, que siguió de modo telemático la reunión.

«La falta de planificación, de acuerdo, lleva a que, si no existen unas reglas de juego claras, una debida lealtad, nos encontramos con un número muy elevado de jóvenes sin referentes familiares», añadió.

El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, que aseveró que la acogida de menores no acompañados tiene que hacerse «bien, de manera ordenada» e indicó que en los términos en los que se presenta la modificación de la ley, «el Govern de Catalunya no puede avalarla».