Según La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Droga, Perú, segundo productor mundial de hoja de coca, ha pasado de 54.134 hectáreas cultivadas en 2018 a 95.008 en 2022, con un incremento del 466% en Ucayali y del 173% en Loreto; además, este auge se reproduce también en las tierras de los pueblos originarios, donde este cultivo creció entre 2020 y 2021 un 68%, y entre 2021 y 2022 un 29%.

En una entrevista con GARA en la ciudad de Pucallpa, en Ucayali, región que no deja de crecer por las oportunidades que ofrecen las economías ilícitas, las palabras contundentes de David Ruiz Urquía, profesor de 43 años oriundo de Paoyhan y presidente de la Federación de Comunidades Indígenas del Distrito de Padre Márquez (Fecidpam), reflejan el hartazgo de los líderes nativos ante un Estado connivente con las mafias. De hecho, el 21 de junio pasado, Ruiz Urquía interpuso un recurso para expulsar del cargo al juez de paz de Tiruntán, Kilian Padilla Saldaña, por entregar a 32 personas terrenos de las comunidades nativas de Paoyhan. Esta usurpación de tierras, asegura, facilita la deforestación, provoca conflictos en las comunidades y allana el camino para la llegada de narcotraficantes.

Sin apenas fondos económicos, defensores como Ruiz Urquía luchan contra un sistema robusto y corrupto que extrae toda la riqueza y transforma la forma de vida de los propios indígenas. «La gente está sin comer. ¿Dónde está el desarrollo en Perú si las comunidades nativas no tienen agua potable ni electricidad?», se pregunta. «Nosotros planteamos el desarrollo desde nuestra lógica: tener agua limpia, aire puro, cochas con pescado y bosques con recursos naturales y animales. Además, queremos compatibilizar nuestras tradiciones con las nuevas tecnologías y mejorar el sistema educativo y la salud. Para nosotros, eso sí sería calidad de vida», explica.

¿Cuáles son los problemas que afrontan las comunidades nativas en Padre Márquez?

En el aspecto territorial, sufrimos el avance de las plantaciones de palma aceitera en los territorios de las comunidades nativas. Otro problema es la colonia menonita, que viene invadiendo territorios comunales de la reserva Kakataibo Norte. Y luego sufrimos invasiones de personas que cultivan hoja de coca. Tenemos tres comunidades fuertemente afectadas por este cultivo: Paoyhan, Muruinia y Alfonso Ugarte, y también parte de Roabolla. Aquí se han posicionado parceleros con constancia otorgada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que han terminado cultivando hoja de coca.

¿El Estado es connivente con ellos?

El Estado sabe muy bien lo que ocurre: las amenazas a los líderes ambientalistas y territoriales de los pueblos indígenas provienen del narcotráfico, de la tala ilegal de madera y del tráfico de tierras. Son los tres frentes que conoce el Estado peruano. Tenemos que denunciar que estamos ante un problema estructural. Lamentablemente, la corrupción ha llegado a tal nivel que los Gobiernos legalizan a estas mafias. Por ejemplo, ha salido adelante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a la que llamamos ‘ley antiforestal’.

¿Qué problema existe con esa polémica ley aprobada este 2024?

Autoriza la depredación total de nuestra Amazonía y deja a las comunidades nativas sin derecho a nada. ¿Para qué? Para favorecer a los grandes capitales trasnacionales, que utilizan a pequeños productores. Como decimos en nuestra comunidad, nos enfrentamos a los chui-chui, que son unos pececitos, mientras que los que están arriba y manejan todo invirtieron para que la ley antiforestal saliera adelante en el Congreso. El grupo Romero está con Keiko Fujimori y es uno de los grupos que deforesta la Amazonía, y la empresa [de capital estadounidense] Ocho Sur, que fue uno de los principales apoyos financieros para aprobar esta ley, utilizó al congresista Vergara, de Acción Popular por la región de Ucayali. Este congresista llevó [ante el Parlamento] a algunos indígenas traidores para que hablaran a favor de la ley forestal.

¿También están divididas las comunidades en su zona?

De alguna manera, ocurre en toda la Amazonía. Hay que entender que la corrupción en el país está socavando toda nuestra patria.

Perú es narco-Estado desde hace décadas. ¿Ha empeorado la situación en los últimos años?

Están utilizando las mismas estrategias, solamente que ahora están legalizando el proceso. Lamentablemente, la mayoría del Congreso está vendida al narco-Estado, y los alcaldes distritales y provinciales, los gobernadores regionales, los congresistas y la misma presidenta de la República se financian con las economías ilícitas. La corrupción lo cubre todo, por eso, la muerte de más de 30 líderes queda impune. Mire el caso Saweto: han pasado [diez] años [desde el asesinato de cuatro líderes ashaninka] y no podemos encontrar justicia. Y esos son los casos contados en la estadística, pero hay más. Por eso, como pueblos indígenas, sentimos que el Estado peruano nos está dando una arremetida legal. Quiere crear un Estado único y unitario, sin culturas ni tradiciones. Nos están atacando por la educación intercultural bilingüe, están matando a nuestro líderes, están quitándonos nuestros territorios y regalando nuestros bosques. Es terrible. Y no nos oponemos al desarrollo, pero queremos que sea de acuerdo a la cultura que predicamos.

Establecer grupos armados indígenas es una de las posibles soluciones para contener el auge de las mafias. ¿Cómo valora esa posibilidad?

Desde las organizaciones indígenas venimos implementando la autoprotección.

¿Es legal?

Desde la autonomía de las comunidades nativas es posible, pero también tenemos que establecer el marco jurídico para la creación de una guardia indígena. Ahora mismo no lo hay y no es legal. Así como están legalizando la deforestación en la Amazonía, podrían legalizar la autoprotección de los pueblos indígenas para que, a través de nuestros comités de vigilancia, podamos cuidar a nuestros líderes amenazados y monitorear nuestros territorios de manera permanente.

¿Y eso no generaría un incremento de la violencia?

No: las comunidades tenemos el deber de defendernos.

La región de Ucayali está controlada por el grupo brasileño Comando Vermelho. ¿En Loreto ocurre lo mismo?

También. Desde el año 2022, según nuestro análisis, han ido invadiendo la zona desde el distrito de Requena hacia Padre Márquez y han ido calando en la cuenca del río Pisqui. Lamentablemente, esta situación va a más. Cuando nosotros empezamos a denunciarlo, nos convertimos en una amenaza para estos operadores económicos. Tienen armamento y están muy bien organizados. Controlan los sectores, tienen ojos por todos lados y gente comprada en nuestras comunidades. Nosotros solo tenemos nuestro arco, nuestra flecha y nuestro machete. Estamos en desventaja frente a esos operadores económicos ilícitos que controlan el país. Entonces, como estamos en un sistema corrupto, hablar del medioambiente pasa siempre por hablar del nivel de corrupción que existe en Perú.

¿En su zona hay laboratorios para el proceso químico de la cocaína y pistas clandestinas para avionetas?

Ahorita no hay pistas en nuestro sector porque hay carreteras por todos los lados que unen Nueva Requena con Pucallpa, carreteras que cruzan al otro lado del río Pisqui. Las carreteras llegaron a partir de 2018 y han posibilitado un aumento del narcotráfico, que controla un sector completo. Nosotros, como organización, pensamos peinar ese sector. Actores externos también han querido monitorear la zona y han tumbado dos de sus drones que volaban a 500 metros de altura. Imagínese: para alcanzar un dron a 500 metros no vale con una escopeta; se necesita armamento de largo alcance.

La llegada del narcotráfico suele alterar una comunidad, por ejemplo, desencadena un aumento de la prostitución. ¿Cómo es la situación en Padre Márquez?

Los jóvenes se están iniciando desde los 12 años en el consumo de pasta base de cocaína en las comunidades nativas. Hacen a estos jóvenes adictos para que luego trabajen para ellos. Es terrible, y además afecta al rendimiento de los estudiantes, que es bajísimo.

¿Por falta de interés o por adicción a la droga?

Muchos de ellos por la adicción a la coca, y otros por la pobreza que sufren en las comunidades. Es ahí cuando gana el narcotráfico, que llega rápido y paga bien, mientras que el Estado no llega, no aporta ni un sol. Ahora mismo la situación es incontrolable.

La Amazonía está contaminada. ¿Es posible recuperar su ecosistema?

Necesitamos decisiones políticas claras y coherentes. Queremos que se respeten o se implementen los acuerdos a los que se comprometen los Gobiernos cuando van a los encuentros internacionales. [El acuerdo ambiental de] Escazú es una de las demandas de los pueblos indígenas, porque es la forma de resguardar mejor nuestros bosques y los derechos de nuestros pueblos. Sin embargo, a este Gobierno no le importa ratificar Escazú. El cambio climático va a ser terrible, y la lucha por el agua dulce será mayor: el año pasado, Uruguay se quedó sin agua durante un mes. Y esta situación no afectará solamente a los pueblos indígenas de la Amazonía, sino a todo el mundo.