El Pleno del Senado votó ayer la reforma de la ley que adapta a la legislación española los criterios de cumplimiento de condenas coordinados dentro de la UE, la llamada 7/2014. Con ello debían concluir diez años de incumplimiento vía legal y seis anteriores evitando aplicar el estándar europeo, dos maniobras destinadas a alargar los encarcelamientos de presos vascos. Pero el PP ha decidido forzar la máquina del Senado para intentar un enredo final.

Como estaba cantado, al contrario de lo ocurrido en las cinco votaciones precedentes de la tramitación de esta ley, esta vez no hubo unanimidad. Tras las presiones de la AVT y otras organizaciones desde hace una semana, PP y Vox se descolgaron. Eso hizo que la ley fuera rechazada por el Senado (111 síes por 148 noes). Resultaba irrelevante según todos admitían a priori, pero le sirvió al presidente de la Cámara Alta, del PP, para afirmar que el proyecto «queda vetado» y que así se comunicará a la Presidencia del Gobierno.

Pese a tal afirmación, al no haberse presentado enmiendas anteriormente, el proyecto no debería volver al Congreso, donde fue aprobado sin votos en contra ni abstenciones. Llegó al Senado también sin enmiendas ni propuestas de voto, lo que no puede corregirse a posteriori. Lo que corresponde es publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a partir de ahí empezaría otra fase: la de la aplicación caso por caso.

La maniobra del presidente del Senado apunta a que se busca como sea que el proyecto vuelva a ser debatido y votado en el Congreso, o al menos a dilatar en el tiempo el cumplimiento de la reforma. Pedro Rollán (PP) se ha basado en un informe jurídico de la Cámara elaborado ad hoc y en el que se admite que nunca se ha utilizado esta fórmula.

Desde el PSOE se responde que «lo que se ha producido no es más que un rechazo, un rechazo por mayoría en el Senado pero que debe ser exclusivamente comunicado al Congreso de los Diputados y en ningún caso debe asimilarse a la consideración de un veto como parece querer hacer el presidente del Senado». Se acusa al PP de intentar crear «un conflicto jurídico» entre las dos cámaras.

EFECTOS

¿Qué es lo que se pretende dilatar en el tiempo de nuevo, 16 años después? Hay alrededor de 50 presos y presas vascas en el Estado español a quienes hasta ahora se les ha denegado computar el tiempo pasado en cárceles francesas. A algunos de ellos les corresponderá legalmente quedar libres según el nuevo cálculo y otros verán acercado su horizonte de excarcelación. Como avanzó GARA, estas personas han superado ya la media de 20 años entre rejas.

Tampoco cabe olvidar que decenas más están libres pero han sufrido una condena extra a consecuencia del desacato estatal al criterio europeo desde 2008. Algo similar ocurrió en su día con la «doctrina Parot» antes de llegar a la anulación europea en 2013.

BLANCO Y CABALLERO

Por lo que respecta al debate, antes de llegar al estrambote final del presidente del Senado, Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, fue la encargada de defender la posición del PP. Como ya ocurrió el pasado miércoles en el Congreso, sus compañeros la recibieron con una ovación, puestos en pie. En una intervención contradictoria, pidió perdón por el voto a favor anterior del PP al tiempo que acusaba al PSOE de engañarles. Y añadió: «Todavía están a tiempo de pedir perdón ustedes, por cambiar presos por presupuestos. Están muy orgullosos de romper las cadenas de los terroristas más sanguinarios. Lo nuestro es un error, pero lo suyo fue nauseabundo».

Blanco también incurrió en contradicciones al criticar que esta reforma se haya vehiculizado a través de una enmienda al tiempo que defendía que el PP hiciera lo mismo en 2014 en sentido contrario, entonces a través de una disposición adicional que dejaba en agua de borrajas el criterio europeo. Y concluyó diciendo que «vamos a votar no y cien veces no», cuando lo cierto es que han apretado el botón del sí cinco veces en este proceso.

Por parte de UPN, María Caballero (también víctima de ETA como hija de Tomás Caballero) se esforzó igualmente en intentar defender que su partido ha sido engañado.

PSOE: «NO VALE TODO»

Previamente, María Elena Diego Castellanos (PSOE) incidió en la unanimidad alcanzada por esta norma en las fases anteriores: «No entendemos por qué hay que alargar esto si todos estamos de acuerdo en que hay que implementar la normalidad europea. Hasta ahora todos habíamos hecho las cosas con consenso en el Congreso, algo que no se da todos los días, y con total responsabilidad. Ha sido un proceso con luz y taquígrafos y con el resultado excepcional de 346 votos a favor de la ley [en el Congreso] y ninguno en contra».

En su segunda intervención, la portavoz del PSOE fue enfática, primero al trasladar a Miguel Tellado (PP) que «su infamia le perseguirá de por vida» y luego al asegurar que «no vale todo en política, no vale mentir, ni menospreciar, ni odiar, ni deslegitimar a un gobierno».

Tanto PP como Vox habían perseverado en su intento de evitar esta reforma en la última semana. El PP emplazó al Gobierno de Pedro Sánchez a retirar el proyecto, dado que era la única forma de que encallara, pero el PSOE se negó a ello e incluso ha acabado por reconocer que se estaba incumpliendo el criterio europeo, como hizo el ministro Fernando Grande-Marlaska. Y Vox trató de que se hiciera una nueva trampa para mantener la anterior, interpelando al PP para que impidiera la votación de ayer con su mayoría en la Mesa del Senado. Tal irregularidad fue evitada por el partido de Alberto Núñez Feijóo, sabedor de las consecuencias que podría acarrear.

Entre medio, queda la duda de si PP y Vox se despistaron o han virado por presiones. Igotz López Torre (PNV) señaló que «aquí no ha habido ningún error, eso cuéntenselo a Iker Jiménez». Y desde EH Bildu, Gorka Elejabarrieta les espetó: «¿Es que no saben leer, señorías? Ustedes están a favor de esta trasposición europea pero han sucumbido a la presión, y por eso mienten».

«El tiempo de la política del rencor debe acabar»

«¿Cuándo y quién ha hecho trampa?», se preguntó en el debate Gorka Elejabarrieta, en nombre de EH Bildu. Y resumió así el periplo hasta la fecha: «La decisión marco europea es de 2008. El Gobierno del PP presentó un proyecto que recogía literalmente el informe del Consejo de Estado en verano de 2014 en el Congreso, pero cuando llegó al Senado introdujo dos limitaciones de forma torticera. Consiguieron así la ineficacia absoluta del criterio europeo. Esa redacción de 2014 es incompatible con el derecho europeo».

«Ustedes lo que plantean aquí es desobedecer directrices europeas, para alargar las penas indebidamente a los presos vascos. Si es así, tengan la decencia de decirlo. Es la última versión de ‘el fin justifica los medios’», denunció el senador independentista.

Elejabarrieta concluyó instándoles a aceptar lo que dicta el tiempo actual, aparcando «el comodín de ETA», y demanda la ciudadanía vasca: «El tiempo de la excepción, el de la política del rencor, el de las leyes , debe terminar».

Igotz López Torre, del PNV, valoró que la reforma llega «tarde» y defendió la homologación europea, recordando que dependiendo de las cuestiones esta puede ser «tanto favorable como perjudicial para el reo». Echando la vista atrás, recordó cómo instituciones europeas llevaban años mostrando su preocupación con la actitud española y cómo el grupo jeltzale en el Congreso ya intentó una modificación legal que no prosperó. «Esta trasposición sí va en línea con la decisión marco europea», apuntó. También quiso matizar el senador jelkide que «en ningún caso se reducen condenas, sino que ya se han cumplido en otro país».

Por lo que respecta a otros grupos, Sara Bailac (ERC) afirmó que el incumplimiento del criterio europeo solo ocurría en el Estado español y acusó al PP de usar el Senado como «su plató de televisión y para hacernos perder el tiempo». R. S.