La imputación del jefe jerárquico de todos los fiscales, Álvaro García Ortiz, es una circunstancia insólita. Si algo caracteriza a la judicatura española, es su corporativismo. En 2017, por poner un año, se tramitaron 12.448 quejas contra jueces. De todas ellas, solo se dio traslado a 500. De ese medio millar, únicamente 34 terminaron en apertura de expediente disciplinario. Y la mitad de aquellos expedientes se archivaron.

Este filtro de protección escandaloso y denunciable -que ha amparado, entre otras cosas, torturas- no se ha aplicado al fiscal general del Estado. García Ortiz está hoy investigado por una simple filtración a prensa, lo que constituye una práctica habitualísima en la justicia española.

García Ortiz es fiscal general desde 2022. Sucedió a Dolores Delgado. Previamente, había desarrollado su carrera en Galiza, donde llevó la acusación por el Prestige. Los vocales del CGPJ afines al PP votaron contra su nombramiento.

LA IMPUTACIÓN LLEGA A RAÍZ DEL FRAUDE FISCAL QUE COMETIÓ ALBERTO GONZÁLEZ AMADOR

, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Esta relación sentimental es relevante, pues amplificó el escándalo. Díaz Ayuso vivía (vive) con un defraudador comisionista de contratos sanitarios.

Con ánimo de minimizar el daño político, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, inició una serie de maniobras, entre las que acusó a periodistas de ‘‘El País’’ de acudir encapuchados a coaccionar a vecinos de la presidenta. La más significativa de sus tretas para el tema que nos ocupa fue la filtración del bulo de que un alto mando de la Fiscalía estaba impidiendo que el novio de Ayuso llegara a un arreglo con el fisco. Según esta información, Fiscalía ofreció un arreglo a González Amador tras conocer que no había pagado 350.951 euros (cifra revelada por Eldiario.es).

Para confrontar con esta acusación falsa, desde Fiscalía se emitió un desmentido. Nadie había ofrecido tal pacto, sino que la propuesta de acuerdo partió del abogado de González Amador, con la particularidad de que en ese ofrecimiento este abogado reconocía que el novio de Ayuso era un defraudador.

LA CLAVE ES QUE NO SOLO HUBO COMUNICADO, SINO QUE LOS CORREOS COMPROMETEDORES FUERON FILTRADOS A LA PRENSA

. La revelación de estos emails conlleva cierta indefensión para el comisionista y, según el TS, sería incardinable dentro de un delito de revelación de secretos. Pero, así como el jefe de los fiscales asume la responsabilidad del comunicado oficial, no admite que los correos que corroboran la veracidad del mismo llegaran a manos de periodistas por acción suya.

Según los medios que manejaron esa filtración (Eldiario.es, ‘‘El País’’, Cadena Ser), los correos del abogado de Ayuso estuvieron al alcance de una treintena de fiscales, incluido el propio fiscal general.

Además de todos estos fiscales, esos correos también los tiene -como es lógico- el propio abogado del novio de Ayuso, que los redactó.

TRAS LOS DIMES Y DIRETES PROPIOS DE UNA DISCUSIÓN JURÍDICA A ESTOS NIVELES

, esos que de normal mandan al limbo de los justos el 99% de las quejas, el Tribunal Supremo ha decidido que la investigación siga adelante, con la particularidad de que ha cerrado la vía a investigar una eventual filtración desde el entorno de Gómez Salvador.

Concretamente, la decisión fue adoptada por la Sala Segunda del TS, la que dirige el juez Manuel Marchena, significado como el azote de los líderes catalanes para el nacionalismo español.

Pese al cerco, el fiscal general ha decidido aguantar el chaparrón y no dimite, ahondando en la imagen de lawfare que rezuma todo el caso.

Aparentemente, la instrucción encallará en breve, pues resulta harto difícil discernir quién de los 30 fiscales pasó a la prensa esos correos, a no ser que los periodistas hablen. Y estos pueden acogerse al secreto profesional.

Sin embargo, el juez que ahora llevará la instrucción, Ángel Hurtado, es el que emitió un voto particular sosteniendo que el PP no se lucró con la trama Gürtel. Esto mueve a pensar que a esta conspiración bizantina entre togados le quedan capítulos.