El pack fiscal que ha dividido en dos partes a los socios del Gobierno español llegará a pleno en dos botes, el primero mañana, y aparentemente solo hay dos opciones abiertas: que no se logre aprobar nada o que prospere el acuerdo del lunes por la noche. En un giro de guion tras encallar el acuerdo PSOE-PNV que contemplaba el fin del impuesto a los beneficios de las energéticas, el Ejecutivo español pactó con EH Bildu, ERC y BNG otra fórmula por la que este se extenderá al menos un año más.

Ayer, el diputado de la izquierda independentista Oskar Matute dijo en ETB-2 (“En Jake”) que no cabe descartar el apoyo del PNV: «Yo no le he oído decir que esté en contra de gravar a las energéticas, aunque posiblemente haya sido porque eso tiene un coste ante la ciudadanía vasca». Y añadió este argumento: «Si PNV y Junts votaron a favor en 2022, ¿qué ha cambiado si los beneficios de las energéticas han sido aún mayores?». Por poner un ejemplo reciente, en abril pasado, Iberdrola anunció que sus beneficios se habían incrementado un 86% al mismo tiempo que su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se quejaba del impuesto.

«Las grandes empresas y las energéticas no pueden tener ventajas a la carta por su poder y su dimensión aunque tengan sede en Bilbao y torres muy altas. Deben pagar lo que les corresponde», consideró Matute.

Este acuerdo incluye la concertación con las Haciendas vascas, un criterio que ha defendido el grupo jeltzale y que podría allanar el camino a su «sí» definitivo. De momento, Aitor Esteban no ha fijado posición, más allá de quejarse en redes del «juego en corto de algunos» (por el PSOE) y «el desorden de esta legislatura».

Tras las idas y venidas en la Comisión de Hacienda de este lunes (que acabó a la 01.00 de ayer tras ocho horas de sesión, con anuncio del nuevo acuerdo entre medias, en torno a las 23.00), ni siquiera está claro del todo qué se votará mañana en el Pleno. La cuestión del mantenimiento del impuesto a las eléctricas se canalizará por otro decreto-ley, de modo que se tramitará posteriormente.

Con todo, ERC remarca al Ejecutivo de Sánchez que en las votaciones tendrá que aprobarse todo lo pactado: a saber, la introducción de un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales (exigida por la UE y ya aprobada en comisión); un impuesto a la banca aumentado en su tramo más alto, dirigiendo toda la recaudación a las comunidades autónomas y concertado con las haciendas forales de la CAV y Nafarroa; y el mantenimiento del impuesto a las energéticas, en principio, un año más.

Sumar sí está en este nuevo acuerdo y no en el anterior, exclusivo de PSOE y PNV (obviamente también con respaldo de Junts). Su diputado Jorge Pueyo dijo ayer que «queremos que se mantengan el impuesto a la banca y a las petroleras energéticas», y quiso añadir como recordatorio que el desenlace será decisivo también para los próximos presupuestos, no solo por el alineamiento de las distintas fuerzas, sino porque los ingresos no serán los mismos según lo que se apruebe.

En cuanto a Podemos, de momento tampoco compromete su voto positivo, al considerar que un decreto-ley no es la fórmula más adecuada.

LA CEOE YA SE QUEJA

A la espera de las presiones de las energéticas, que han amenazado con retirar inversiones si no decaía este impuesto, con Josu Jon Imaz (Repsol) al frente, la CEOE ya ha elevado la voz contra el giro de guion.

Su presidente, Antonio Garamendi, rechazó ayer lo que denomina como «inseguridad jurídica». En un acto de la Cadena Ser, puso énfasis en que «para el mundo inversor no es bueno. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. [El lunes] lo que era un receso de cuatro minutos fue de cuatro horas, hay un comunicado de unos partidos, de otro y no sabemos qué pasa el jueves».