El primer ministro francés, François Bayrou, afirmó ayer ante la Asamblea Nacional francesa, donde expuso las prioridades de su Gobierno, su intención de reabrir una «breve» renegociación con sindicatos y patronales de la impopular reforma de las presiones de 2023, una de las medidas estrella del presidente, Emmanuel Macron. El Ejecutivo ve necesario abordar una revisión de la reforma para garantizar la estabilidad política y económica, y evitar la moción de censura desde la izquierda.

Esta ha sido presentada ya por La Francia Inumisa (LFI) y debe debatirse y votarse mañana. Tendrá el apoyo de los ecologistas. Pero, con su propuesta, Bayrou intenta romper el Nuevo Frente Popular (NFP) buscando el apoyo del Partido Socialista (PS). El PS criticó ayer con dureza a Bayrou por el programa de gobierno presentado, pero no dijo si apoyará o no la moción.

Bayrou, que aspira a solventar dicha revisión en un máximo de tres meses a partir del viernes, advirtió de la «precariedad presupuestaria» por el rechazo de las cuentas oficiales a finales de 2024 y, en aras de encontrar soluciones, asumió que «la primera urgencia» son las pensiones.

Insistió en que se trata de una reforma «vital» porque existe un «fuerte problema de financiación» del sistema, prometió una revisión a fondo del texto, incluido el polémico retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, que Macron impuso por decreto contra la opinión de la mayoría de los franceses y sin votación en la Asamblea, donde no tenía asegurada su aprobación. Una revisión «sin tabúes» para llegar a un modelo «más justo», siempre que se respete la «exigencia» del equilibrio financiero.

Este es el principal escollo de Bayrou para lograr el apoyo de PS y evitar una moción de censura como la que, apoyada por la izquierda y la ultraderecha, tumbó a su predecesor, Michel Barnier. De ahí que ayer planteara su reforma.

El PS, que aboga por la derogación de la ley de pensiones, ha negociado con el Gobierno en los últimos días y se ha mostrado dispuesto a no forzar su caída. Pero Bayrou ha puesto como condición a la renegociación que en caso de que no hubiera un acuerdo sobre una alternativa se aplicará la actual ley.