Las derechas española, catalana y en parte también la vasca confluyeron para dar un doble golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del miércoles al rechazar el decreto que incluía medidas relativas a pensiones, desahucios y ayudas al transporte y también el impuesto a energéticas. El efecto bumerán estaba servido. Hasta tal punto que el PP ya dijo en la misma sesión que propondría otras iniciativas con el mismo contenido que rechazó el día previo. Junts se posicionó ayer en la misma línea.

Ambas formaciones vinieron a utilizar la misma doble argumentación. Por un lado, acusaron al Gobierno de Sánchez de presentar decretos con temas diferentes que dificultan tomar una posición única sobre los asuntos. Y por otro, más retorcido, le reprocharon que tome a la ciudadanía como «rehén» para sacar adelante sus proyectos.

En este viraje que tuvo lugar en apenas 24 horas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, anunció que presentarán en el Congreso una propuesta de revalorización de las pensiones y para mantener las rebajas en el transporte público, si el PSOE no lo hace «en las próximas horas».

Turull acusó al PSOE de hacerles «chantaje emocional» al incluir este tipo de medidas sociales en un decreto junto con otras con las que Junts no estaba de acuerdo, y aseguró que el lunes pidieron al partido de Sánchez que convocara un Consejo de Ministros para presentar por separado la revalorización de las pensiones y el transporte público.

Desde la tribuna del Congreso, la diputada Miriam Nogueras utilizó argumentos diferentes a estos, señalando la pérdida de confianza general con el Ejecutivo y aludiendo a cuestiones de política general más que técnicas.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no estuvo en la sesión del miércoles, se sumó ayer al debate asegurando que «la posición del PP es conocida: sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público, no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA y sí a Valencia, no a la ocupación de la viviendas». De este modo respondió cuando le preguntaron si el PP teme algún desgaste por este triple no.

Feijóo acusó en paralelo al Gobierno de Pedro Sánchez de emplear a los pensionistas como «rehenes» y «escudos humanos» y de intentar «engañar» al culparles de la caída del llamado «decreto omnibús», que tilda de «trágala».

EL PSOE DEJARÁ QUE SE RETRATEN

Curiosamente la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, utilizó el mismo calificativo para referirse a la ciudadanía: son «rehenes» pero no de su Gobierno sino de la «oposición destructiva» liderada por PP y Vox y a la que ahora se han sumado Junts y PNV.

No aclaró si por su parte volverán a aprobar nuevos decretos para estas cuestiones: «El Gobierno analizará nuevamente qué materias generan mayor consenso y cuáles no (...) El Gobierno seguirá buscando el diálogo y el consenso con todas las formaciones políticas (...) Seguiremos adelante con paciencia, con diálogo y con el firme propósito de garantizar el bienestar de la mayoría social», dijo.

«Si la intención de la oposición es sembrar el descontento, este Gobierno lo va a combatir», afirmó Montero.

Sánchez contraatacó mientras visitaba la zona afectada por la dana que, debido a la caída del decreto, verá cómo las ayudas de emergencia se retrasarán. «Vivimos momentos de antipolítica, damos por descontado el todo vale. Pero estas votaciones tienen unos efectos muy dolorosos en el conjunto de la ciudadanía», manifestó.

El 20 de febrero se anticipa como la fecha para tratar de resolver estas cuestiones. A ella hicieron referencia tanto las federaciones de pensionistas, que han adelantado en caso contrario movilizaciones para el día 22, como la Diputación de Bizkaia al aludir a las ayudas al transporte.

ENERGÉTICAS

Para lo que no parece probable una solución es para recuperar el gravamen a las energéticas, tumbado en este caso no solo por Junts sino también por el PNV.

Al respecto, ELA confirmó el cálculo de EH Bildu, según el cual las arcas vascas perderán en torno a 100 millones de euros. «Este impuesto, al haber sido derogado, dejará en manos de los y las accionistas de empresas como Repsol o Iberdrola lo que han venido recaudando las administraciones públicas, en torno a 200 millones entre 2023 y 2024 en la CAPV y 3.000 millones al año a nivel estatal», denunció.

«Hay que recordar que los últimos años las empresas energéticas están teniendo beneficios de récord», incidió. Apuntó que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, «que ha presionado al PNV para que vote contra este impuesto», ganó 2,5 millones en 2021; 4,2 millones en 2022; 3,1 millones en 2023 y 1,6 millones en los seis primeros meses de 2024.