UPN y PP no aflojan en el intento inquisitorial de apartar de cualquier cargo público a personas que cumplieron condenas impuestas por la Audiencia Nacional en relación con ETA. En esa ofensiva continuada, en las últimas horas, dos consejeros navarros han tenido que recordarle que no hay nada ilegal en que exprisioneros ejerzan como profesores o miembros de un consejo de administración.

El caso que ayer se llevó a comisión parlamentaria es la designación de Bixente Nazabal como miembro del Consejo de Administración de Sunsundegui, empresa en graves dificultades. Algo que para Javier Esparza (UPN) es intolerable porque «hay ocasiones en las que hay que plantarse y defender las convicciones democráticas», y que para Maribel García Malo (PP) resulta «inadmisible porque el Gobierno de Navarra está poniendo mucho dinero a través de Sodena en esa empresa».

Ante ello, el consejero navarro de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, señaló que su nombramiento, como el del resto de consejeros, se ha hecho cumpliendo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital. Subrayó que la prioridad para el Gobierno es «trabajar en el futuro de Sunsundegui y en el de sus trabajadores», que la competencia para el nombramiento de los administradores corresponde a la junta de socios de la empresa y que es atribución del Registro Mercantil comprobar que los administradores cumplen lo exigido.

Todas las personas nombradas como administradores del consejo de Sunsundegui, continuó, cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, ya que «no se incurre en prohibición alguna de las marcadas por la norma y su nombramiento, por tanto, era ajustado a Derecho».

Prueba de ello, agregó, es que el Registro Mercantil procedió a darle validez y a inscribir el nuevo Consejo de Administración. A ello añadió que los trabajadores de la empresa tienen cerca del 40% de las acciones, lo cual les legitima para proponer candidatos y nombrarlos como sus representantes en ese órgano de dirección.

Sodena, por tanto, no participó para nada en esta cuestión. Y por si siguieran quedando dudas, «yo nunca he tenido relación ni contacto con el señor Nazabal, a quien no conozco personalmente», aclaró Irujo.

En cuanto al resto de grupos, el PSN sintió al parecer necesidad de levantar la voz contra el señalado en esta polémica: «Nos da asco que este personaje esté en el Consejo de Administración de Sunsundegui», manifestó Javier Lecumberri, para añadir acto seguido que «es inevitable desde el punto de vista legal», tras lo que reprochó a la oposición que intente usar políticamente este tema.

Adolfo Araiz, desde EH Bildu, defendió «el derecho al trabajo de cualquier persona, se llame Bixente Nazabal o se llame como se llame» y trajo a colación que «es una persona con 28 años de ejercicio de la abogacía tras salir de la cárcel».

Por Geroa Bai, Mikel Asiain preguntó «cómo se puede evitar que una persona, con todos sus derechos, nos guste o no nos guste» acceda a este trabajo. Compartió el dolor de las víctimas de ETA, pero «más allá de eso está el Estado de derecho, está la legalidad».

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, afirmó que desde su grupo «sin complejos podemos decir que no nos gusta un pelo» el nombramiento y destacó que, «si no queremos que las personas que hayan cometido delitos de asesinato o de terrorismo formen parte de los consejos de administración, podríamos legislar» este aspecto, pero después sería anulado por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

PROFESOR EN TUTERA

Llovía sobre mojado en este tema, puesto que solo unas horas antes, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, decidió convocar una rueda de prensa urgente ante la ofensiva de UPN contra la contratación como profesor en un instituto de Tutera de otro expreso navarro, José Javier Osés. Este caso, como el de Nazabal, volvió a tener más eco en los medios ultras estatales que en la prensa navarra (con titulares como «Cresta, pendientes y un oscuro pasado en ETA»). Pese a ello, el consejero decidió dar explicaciones públicas.

En ella, Gimeno dijo que le «preocupa enormemente» y le «desagrada» que un expreso condenado por relación con ETA esté dando clases en un instituto de secundaria, pero que deben cumplir la ley, que «no van a prevaricar» y que en el Ministerio de Educación no consta ninguna sentencia que le inhabilite.

En declaraciones a los medios, aseguró que como consejero de Educación, como tudelano, como padre y como miembro de un partido que ha padecido la violencia de ETA en sus filas le «preocupa enormemente esta circunstancia. Me desagrada, además me inquieta, pero también tengo que decirle a la ciudadanía que, aunque me desagrade, aunque me inquiete, aunque me preocupe, tengo que cumplir la ley porque un Gobierno puede hacer muchas cosas, pero no incumplir la ley», insistió.

El consejero apoyó a todas las unidades gestoras de Educación e indicó que la inspección educativa está pendiente de esta cuestión. Precisó que el jueves estuvo en el centro, acompañando al equipo directivo, con el objetivo de que «en las aulas navarras haya pluralidad, pero no haya ningún atisbo de proselitismo ni ninguna cuestión que se pueda exceder de esa circunstancia».

«Otra cosa sería adoctrinamiento y, por lo tanto, estamos tremendamente atentos», llegó a afirmar Gimeno, quien indicó que se actuará en el momento en el que se pueda detectar cualquier circunstancia relacionada con esa cuestión. Pero, insistió, «hay que someterse a la ley, al Derecho y al cumplimiento de la ley, y obviamente no hay arbitrariedades en este Departamento, ni ahora, ni las ha habido, ni las habrá».

EL PAPEL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Departamento está también en comunicación con el Ministerio de Educación, concretamente con el subsecretario de Asuntos Jurídicos, ya que es a través de esa vía como se comunica a las comunidades autonómicas si hay algún profesor o alguna profesora con algún antecedente judicial, con alguna sentencia que le inhabilite o le suspenda. En este caso no hay tal cosa, insistió Gimeno.

Al hilo de este caso, UPN recupera un viejo objetivo: presentar iniciativas para modificar la normativa de acceso a la función pública con el fin de evitar que se repitan situaciones como esta.

Al respecto, Gimeno señaló que en el contexto del ámbito del Pacto Antiyihadista que estableció en 2015 el actual presidente del Gobierno español, entonces secretario general del PSOE, con el entonces presidente Mariano Rajoy ya se modificó el Código Penal y, por lo tanto, esta circunstancia de inhabilitación en ciertos casos ya figura en el Código Penal.

Pero si no hay una sentencia judicial que establezca esta circunstancia no se puede aplicar, enfatizó, tras lo que apuntó que su Ejecutivo trabaja por las víctimas de ETA «desde la discreción», sin utilizar estas cuestiones para réditos políticos.