Un total de 18 personas, víctimas directas del GAL o sus familiares, rubrican como acusación particular una querella por un delito de lesa humanidad contra el exministro de Interior español José Barrionuevo que presentarán la próxima semana y de la que dieron cuenta ayern en Bilbo. En ella, se insta a la Audiencia Nacional española a que investigue lo que rodeó en la década de 1980 al Plan ZEN, a cuyo amparo se cometieron graves violaciones de derechos humanos.

Los abogados que llevan el caso aseguraron que tienen entre manos pruebas «muy sólidas», y entre los testigos que se proponen se encuentra quien fuera presidente del Gobierno español en aquel tiempo, Felipe González, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el periodista Melchor Miralles.

Los letrados Maddi Bilbao y Oskar Sánchez subrayaron que ahora le toca al Juzgado Central de Instrucción aceptar su petición e iniciar la investigación. En caso contrario, acudirán a instancias internacionales. En su opinión, un Estado que se dice de derecho no puede mirar para otro lado ante una iniciativa de estas características ante unos hechos tan graves.

Al personarse como acusación particular, apuntaron, tendrán la posibilidad de promover la investigación que hasta ahora la judicatura española no ha hecho. Incidieron en el papel jugado por el titular de Interior entre 1982 y 1988, que a los pocos meses de acceder al cargo presentó el Plan ZEN «como instrumento de lucha contra el terrorismo» y como está probado por varios tribunales la relación de altos cargos del Gobierno español con el GAL.

«Por las características de este tipo de delito, estamos en el momento de investigar a través del correspondiente proceso judicial, ya que este delito no ha prescrito, a pesar de que el señor Barrionuevo lo pensó así, en la entrevista concedida en ‘El País’ en el año 2022, además de reconocer la existencia de la guerra sucia, reconoció su responsabilidad en la llamada guerra sucia», expusieron, destacando que, por ejemplo, Barrionuevo admitió su relación con el secuestro del refugiado Jose Mari Larretxea, en 1983 en Hendaia, hechos por los que nunca ha sido investigado.

Edurne Brouard y Bego Galdeano recordaron las cuatro décadas transcurridas desde los atentados que acabaron con la vida de sus respectivos padres y la poca confianza en la justicia española para esclarecerlos. Rememoraron que, después de la entrevista de José Barrionuevo en ‘‘El País’’ en noviembre de 2022, denunciaron la «carga humillante» de las palabras del exministro, «la revictimización que nos produjo, el daño gratuito y la indefensión generada».

«Barrionuevo asumió de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado, reconociendo lo que llevamos denunciando décadas, que el Estado a través del Gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo y otras formas represivas al margen de la legalidad, vulnerando los derechos humanos de muchas personas en este país. Que bajo sus órdenes actuaban como ejecutores miembros de las FSE y mercenarios a sueldo, a los que se refirió como compañeros que disparan desde su trinchera», manifestaron.

Entonces, la Fiscalía no actuó de oficio, aunque el entonces lehendakari Iñigo Urkullu les ofreció asistencia económica si decidían iniciar la vía judicial. Ahora que gracias al impulso de Egiari Zor Fundazioa y Giza Eskubideen Behatokia lo van a hacer, esperan que el Gobierno de Imanol Pradales mantenga esa invitación.

Ante esta nueva oportunidad de reclamar verdad y justicia, que se les ha negado hasta ahora, dijeron confiar en que la vía que se ha abierto les permita llegar «a un escenario en el que esa voluntad exista y algunos personajes como Barrionuevo Peña pasen a la historia como lo que son, verdaderos criminales que utilizaron su poder político y gubernamental para violar derechos humanos».

«Hace más de una década empezamos a trabajar entre diferentes para construir un marco integral de convivencia democrática, años en los que algunas de nosotras hemos dado más de lo que podíamos. Invocando a ese objetivo común creemos que es inaceptable y que debemos actuar para poner fin a estos intentos de blanqueamiento y justificación de los crímenes cometidos desde los aparatos del Estado», señalaron.

VERDAD Y JUSTICIA

«La verdad no prescribe y el dolor tampoco», remarcaron, incidiendo en que el exministro de Interior ≠sabe más de lo que ha contado y es necesario que se abra una oportunidad para que un tribunal determine las responsabilidades que no se han asumido.

Agus Hernán, coordinador de Giza Eskubideen Behatokia, explicó que esta querella que promueven sigue la senda de las presentadas por las torturas a Txomin Letamendi o la ejecución extrajudicial de Josu Mujika. «Es una evidencia que hasta ahora el Estado ha encubierto y dotado de la más absoluta impunidad a los perpetradores de estos delitos que operaron bajo su responsabilidad, lo que ha generado una revictimización inaceptable a las familias de víctimas aquí reunidas», manifestaron.