«Existe un determinado discurso xenófobo, al que hay que hacer frente entre todas y todos». Así se pronunció ayer la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno de Lakua, Nerea Melgosa, tras reunirse en Gasteiz con una delegación del Ejecutivo canario encabezada por el viceconsejero de Presidencia, Juan Alfonso Cabello.

Ambos comparecieron ante los medios de comunicación en el Parlamento autonómico, donde saludaron la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, acordada por el Gobierno español y Junts para establecer los criterios que han de guiar el reparto de los más de 5.800 menores migrantes que se encuentran en las islas Canarias.

«Este es un paso más, pero no el último», apuntó Melgosa, que censuró la ausencia de un plan de inmigración estructural que dé una respuesta «permanente y coordinada» a la llegada de migrantes al Estado español. Más de 47.000 llegaron a Canarias el año pasado y 10.000 perdieron la vida en la travesía.

Además, criticó que no se haya establecido el criterio de «frontera norte» en el Bidasoa, ni se haya incluido en el decreto una propuesta de formación y contratación en origen. E insistió en la idea de trabajar en el «tránsito», abogando por garantizar que los menores extranjeros permanezcan en la comunidad autónoma que les haya sido asignada.

Conviene señalar que, según lo dispuesto en el decreto ley, el reparto de los menores se realizará en base a parámetros de población (con un peso del 50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas en los centros de menores migrantes (10%) y esfuerzo previo de acogida (6%). También se tendrá en cuenta ser ciudad fronteriza o insular.

Estos criterios no gustan al PP, que se ha aliado con Vox en el País Valencià, aceptando el marco establecido por la extrema derecha.

«DISCURSO XENÓFOBO»

Cuestionada al respecto, Melgosa mostró su «preocupación» por la proliferación de bulos racistas y xenófobos sobre las personas migrantes, recordando lo ocurrido en Gasteiz durante la etapa como alcalde de Javier Maroto, que vinculó a las personas migrantes con el fraude en las ayudas sociales. Un ejemplo de «oportunismo político» que tiene por objeto empujar a la ciudadanía «hacia los extremos».

«Debemos desactivar los rumores. Decir que eso no esta bien, que eso no esta verdad. Cada cual debemos ser ciudadanos activos», manifestó la consejera e instó a las comunidades autónomas y al Gobierno español a dar detalles concretos sobre el número de menores extranjeros que acogen en la actualidad.

Una ida compartida por Cabello para ver el esfuerzo que realiza cada Administración: «Cuando se habla de comunidades autónomas saturadas por tener a 150 o 30 menores, estamos fracasando en solidaridad», aseveró.

«EFECTO LLAMADA»

Laura Garrido ofreció una rueda de prensa tras escuchar a Melgosa y Cabello. La parlamentaria del PP reiteró el argumentario de su partido a nivel estatal, hablando de un reparto «acordado entre Junts y Sánchez» que, dijo, castiga a las comunidades gobernadas por la derecha española. No dio datos, pero sí se aventuró a hablar de un supuesto «efecto llamada». «Los menores se moverán hacia aquellos lugares donde puedan estar mejor», señaló y copió a Javier Maroto al atribuir dicho «efecto llamada» a las prestaciones sociales.