Gasteiz es la capital de Hego Euskal Herria que más ha crecido en los últimos diez años. En una década, con una pandemia en medio, ha pasado de 242.082 a 257.886 habitantes, según los datos del INE. Más de 1.500 nuevos vecinos y vecinas al año. Un auge poblacional que ha disparado la demanda de viviendas y ha reducido significativamente la oferta, especialmente en lo que respecta al alquiler. He aquí algunos datos que ponen de manifiesto que la vivienda, lejos de ser un derecho, está a merced del mercado.

14.000 DEMANDANTES

Para empezar conviene destacar el aumento de solicitudes registradas en Etxebide en demanda de una vivienda en régimen de alquiler protegido. Hasta diciembre de 2022 había 9.371 personas inscritas, pero entre enero de 2023 y junio de 2024 se apuntaron 4.377 personas más, un incremento del 46,7%. Basta con señalar que en Donostia el aumento fue del 27% y en Bilbo, del 36,2%.

Según la encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Vivienda, la mayor parte de las cerca de 14.000 personas inscritas a la espera de un alquiler protegido en la capital alavesa, en concreto el 46,6%, vive en una habitación o en un piso de alquiler compartido. El 11,1% no ha podido emanciparse todavía y el 33,2% reside en una vivienda libre de alquiler.

960 VIVIENDAS MÁS

Está claro que el parque de vivienda pública no sirve para atender a la demanda. Y se ha dado algún paso para incrementar el número de pisos protegidos en régimen de alquiler. Hace un año, en febrero de 2024, el Ayuntamiento y Departamento de Vivienda de Lakua firmaron un acuerdo para construir 960 viviendas de alquiler social en el barrio de Salburua, 200 de ellas en el sector 13, situado en la confluencia de las calles Avenida Capital de Euskadi y Bulevar de Salburua.

Según explicaron en aquel entonces el consejero Iñaki Arriola y la alcaldesa, Maider Etxebarria, ambos del PSE, el parque público en régimen de arrendamiento crecerá de 3.374 viviendas y alojamientos dotacionales a 4.334, un incremento del 28%. A todas luces insuficiente.

VIVIENDAS DE ALQUILER LIBRE

El mercado privado tampoco es una opción. El número de viviendas ofertadas en un conocido portal inmobiliario rara vez supera el centenar. De hecho, el número suele oscilar entre las 60 y las 80 viviendas. Este jueves había 66 pisos, solo uno de ellos por debajo de 800 euros al mes. Un apartamento de 56 metros cuadrados por 790 euros. La semana anterior había dos pisos más por menos de 800 euros: uno de 45 metros y otro de 50, ambos sin ascensor.

Cabe señalar que, de acuerdo a un estudio elaborado por el portal Idealista, Gasteiz es la capital, tanto de Hego Euskal Herria como a nivel estatal, en la que existe una mayor competencia para hacerse con una vivienda en alquiler libre. 108 personas se interesan por cada vivienda que sale al mercado. En Iruñea son 61 familias; en Bilbo, 36 y en Donostia, 33.

7.800 VIVIENDAS SIN RESIDENTES

La escasez de oferta privada no implica que no haya pisos vacíos en la ciudad. De hecho, el Consistorio ha enviado un recargo del 50% del IBI a los propietarios de 7.800 viviendas en las que no figura nadie empadronado. Una circunstancia que no se traduce en que el inmueble esté deshabitado, ya que puede tratarse de una segunda vivienda.

No obstante, ese número, aportado el pasado 5 de marzo por el concejal delegado de Hacienda, Jon Armentia, da cuenta de la magnitud del problema y no dista demasiado de los datos publicados por Eustat en el año 2023, cuando estimó que en el conjunto de Araba había cerca de 6.500 viviendas deshabitadas.

EDIFICIO DE ARKAUTI

Puede que en esa lista 7.800 viviendas figuren los 63 apartamentos tutelados construidos hace 14 años junto a la gasolinera de Arkauti. Están en manos de la Sareb, el «banco malo» puesto en marcha por el Gobierno español tras explotar la burbuja inmobiliaria. El edificio está a la venta por 1,7 millones.

EH Bildu ha reclamado al Gobierno local, en manos de PSE y PNV, que negocie con la Sareb y adquiera el inmueble, cuyo sótano está inundado. Lo pidió hace tan solo unas semanas en una comisión municipal, pero el edil de Urbanismo, Borja Rodríguez, escurrió el bulto incidiendo en que se trata de apartamentos asistenciales y «no se puede destinar a viviendas».

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Ante esta situación, cabe preguntarse qué se puede hacer para aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Unai Fernández de Betoño, profesor agregado del Departamento de Arquitectura de la UPV-EHU en Urbanística y Ordenación del Territorio, cita el paso dado por el Ayuntamiento de Azpeitia, que va a aplicar un canon de 10 euros por metro cuadrado a las viviendas vacías, tomando como referencia la norma autonómica.

Además, Fernández de Betoño, que ha sido parlamentario y edil de EH Bildu en Gasteiz, recuerda que Lakua cuenta con dos herramientas clave para impulsar el alquiler social, Visesa y Alokabide, dos entidades públicas «que tendríamos que explotar más» para lograr un alquiler «social y permanente» para aportar seguridad a la ciudadanía.

«Hay dos herramientas principales, crear un parque de vivienda en alquiler público y permanente, mediante una empresa pública; e intentar controlar los precios», destaca, remarcando que, al impulsar un parque de vivienda público, la Administración se convertirá en un competidor más en el mercado y eso podría provocar una reducción del precio.

Fernández de Betoño recuerda asimismo que «tenemos una opción para controlar el precio y no la utilizamos», en alusión al índice de referencia de alquiler que se podría aplicar en zonas de mercado residencial tensionado. «Por ejemplo, Errenteria lo han designado como zona pensionada, pero no pueden limitar el precio, porque no se ha puesto en marcha el índice de referencia», remarca, para censurar acto seguido que las tres diputaciones de la CAV, todas ellas manos de PNV y PSE, todavía no han trasladado sus respectivos datos al Gobierno español.

También cuestiona la decisión de rebajar la exigencia de VPO, del 75% actual al 60%, lo que afectará al alquiler social; y critica que no se haya aplicado en más ocasiones el derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración autonómica para adquirir viviendas protegidas y ponerlas en alquiler. «Sería muy fácil planificar la compra, porque está tasado el precio. Pero no lo hacen».

Explica que, en el caso de Arkauti, el Ayuntamiento podría cerrar un acuerdo con la Sareb y recalificar el terreno para darle un uso, por ejemplo, como residencia estudiantil. Y la fórmula del convenio podría valer para movilizar otras viviendas deshabitadas y en manos del Estado español, como las anexas a la comisaria de la Policía española en Betoño.

«Debería ser la prioridad antes de construir más», remarca y pone sobre la mesa otro programa público, Bizigune, aunque no esconde sus reticencias. En Gasteiz más de medio millar de personas participan en el programa, según datos de 2024. Los inquilinos pagan un tercio de su suelo, y los propietarios, que ponen la vivienda en alquiler durante seis años, reciben 750 euros mensuales. La diferencia se completa con dinero público. «De lo malo, es lo menos malo, porque no busca la especulación», señala.

Propone mejorar el programa, y detalla la idea planteada por Stop Desahucios, que apuestan por un programa similar asociado a la rehabilitación de viviendas: «Poner a disposición del Gobierno vasco viviendas que necesitan una rehabilitación y que sea la Administración la que se encargue a cambio de ampliar el plazo de alquiler para amortizar la mejora».

Fernández de Betoño no comparte la propuesta de las constructoras, que reclaman más terreno para construir nuevas viviendas. Insisten en aumentar la oferta para reducir los precios. «Quieren un plan general como el que hizo Alfonso Alonso, y todavía estamos arreglando el desastre», destaca, poniendo como ejemplo la zona de Arkaiate, en un extremo de Salburua, que ha estado separada de la trama urbana de Gasteiz durante años. «Se necesitan casas, pero no de cualquier forma».

En este sentido, asevera que el «PGOU de Gasteiz va ahora en la buena dirección, porque va a desclasificar 25 sectores urbanizables, que se hicieron en la etapa de Alonso, y que todavía no se habían empezado a construir». «Y a la vez se va a hacer una redensificación que traerá 11.000 casas más en Salburua y Zabalgana», añade.

Por último, recuerda que el decreto de vivienda deshabitada de Lakua establece la posibilidad de establecer un alquiler forzoso o una expropiación de aquellas viviendas que llevan años vacías. Un extremo que no se ha aplicado y que solo se contempla en las zonas tensionadas. En caso de Gasteiz, el Gobierno local iba a solicitar la declaración de zona tensionada el pasado curso. Ahora dicen que lo harán en Semana Santa.

Tanto EH Bildu como Elkarrekin Gasteiz han censurado la demora, y ha alertado de que, según el Observatorio Municipal de la Vivienda, el precio del alquiler privado se sitúa en 1.225 euros mensuales, casi a la par del salario mínimo interprofesional, 1.381 euros mensuales en 12 pagas. Otra cifra que, tal como indicó el 17 de marzo el edil Óscar Fernández, pone de manifiesto que «esto es insostenible».