Tras analizar la documentación sobre el nombramiento de Alfonso Arriola como responsable del Programa Empresarial en el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca y las bases de las convocatorias de ayuda cuyas comisiones de valoración preside este condenado por prevaricación, la parlamentaria de EH Bildu Lamia Arcas dejó claro ayer en la Cámara que tal nombramiento fue una decisión política del equipo de gobierno.

DOS COMISIONES, 13,7 MILLONES

Cabe recordar que el exdirector del Parque Tecnológico de Miñao Alfonso Arriola, condenado a cuatro años de inhabilitación en marzo de 2023 como «cooperador necesario de un delito de prevaricación» en el “Caso De Miguel”, fue nombrado por Lakua para presidir dos comisiones que repartirán 13,7 millones en ayudas. Uno es el programa Handitu Egurra 2025, para «la transformación y/o la comercialización de productos forestales». Asciende a 10.700.000 euros. El otro es el programa Handitu Innova 2024 para «la innovación tecnológica en la producción agrícola primaria». Repartirá la cantidad 2.995.000 euros.

Desde el Gobierno defienden que «la persona sobre la que pregunta» fue condenada a una inhabilitación de cuatro años que no afectaba a su condición de funcionario de carrera de la Administración General de la CAV y que ha llegado a su actual puesto por «un concurso» y «ha accedido por méritos propios a ese nombramiento». La consejera Amaia Barredo afirmó ante la Cámara que «no es un puesto de libre designación ni cargo público ni tiene carácter político».

La consejera añadió que dentro de sus responsabilidades «se le exige la valoración de los programas de ayudas. Y además está establecido en las órdenes que regulan las diferentes líneas de ayudas que las presidencias las ocupan las jefaturas. Por lo tanto, no hay ninguna novedad, ni dejación ni de apoyo a corruptos» en este caso. «Consulte el BOPV y compare las resoluciones», pidió a su interlocutora.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN

Y, efectivamente, la parlamentaria Lamia Arcas respondió que han consultado los boletines y que han visto que «Arriola accedió al puesto como funcionario en 1997, como técnico de los consorcios de nivel A2, y el pasado mes de marzo se le asignó el puesto de nivel A1. No hemos encontrado indicios de un proceso que haya ascendido del nivel A2 al nivel A1, por lo que nos gustaría aclararlo».

Además, desde EH Bildu destacaron también que «cuando se fijó la estructura para vuestro departamento, diseñando y nombrando para ello seis direcciones y 26 responsables, De estos 26 responsables, 18 tienen asignado perfil lingüístico y fecha de preceptividad y, casualmente, el puesto que ocupa Arriola no lo está».

Y lo que es más determinante en este caso, es que las bases de las convocatorias de ayudas recogen literalmente que «para la evaluación y valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración, la cual estará compuesta por tres personas que ejercerán la condición de vocal, pertenecientes al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, siendo una de ellas la persona Responsable del Programa Empresarial. Las otras dos serán elegidas entre el personal técnico de la dirección competente en materia de industrias alimentarias, y serán nombradas mediante resolución de la persona titular de dicha dirección, en la cual se designará quien ejercerá la Secretaría y la Presidencia de la Comisión».

NO ESTÁ EN LAS BASES

Según expresó Lamia Arcas «no me habéis escuchado decir que la presidencia de la comisión de valoración deba ser el titular del puesto de responsable empresarial, porque las bases, que ustedes han diseñado, no recogen que el presidente de la comisión deba ocuparlo este responsable». Por lo que, apostilló, «la decisión de nombrar como presidente de la comisión de valoración de ayudas para impulsar proyectos de más de cinco millones de euros, ha sido única y exclusivamente decisión de su equipo de gobierno».

La parlamentaria de EH Bildu concluyó señalando que «una vez más, este equipo de gobierno ha demostrado que mientras esté en el poder seguirá utilizando en su beneficio todos los instrumentos que estén a su alcance, incluyendo difundir informaciones a medias, para que la sociedad reciba un mensaje de no haber opciones a las decisiones que diseñan y aprueban con mayorías absolutas».

En su réplica, la consejera Amaia Barredo no ofreció más explicaciones. Insistió en que «esta persona está ejerciendo un trabajo sujeto a un derecho. Esta persona efectivamente fue acusada, fue juzgada y fue condenada y ha cumplido su pena, que no le ha inhabilitado en ningún momento para desempeñar el cargo de funcionario del País Vasco». Añadió que «ahora es jefe de programas y como tal debe desempeñar las funciones que se le conceden».

La condena fue de cuatro años de inhabilitación y dictada en marzo de 2023.