El Tribunal de Cuentas, a instancias del PP y de Vox, deberá realizar un informe de fiscalización sobre la entrega al PNV del palacete de París que en su día fue sede del Gobierno Vasco en el exilio y que hoy ocupa la oficina del Instituto Cervantes en el Estado francés. El acuerdo se acordó en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) con el voto en contra de PSOE, el PNV, EH Bildu y Sumar-Geroa Bai frente a la mayoría absoluta de PP y Vox.

La cesión de la sede forma parte del desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y fue convalidado por el Congreso. El PNV alega que el edificio fue comprado por ese partido para sede del Gobierno Vasco en el exilio y que fue incautado por la Gestapo, que se la regaló a la dictadura franquista. Los herederos del régimen piden que se demuestre la compra de los años 40 del siglo pasado.

PP: «UN REGALO AL PNV»

La diputada del PP Pilar Alia declaró ayer que, si el Gobierno español no da explicaciones, se podría pensar que esta restitución es «un regalo» a sus socios por un importe de casi veinte millones de euros y criticó que durante seis años el Instituto Cervantes tenga que pagar un alquiler al PNV por albergar su sede, lo que a su juicio puede suponer financiación ilegal de ese partido.

Por el contrario, la senadora del PNV Dolores Etxano señaló que el Tribunal de Cuentas podrá examinar la operación en sus informes sobre la Cuenta general del Estado o los exámenes a la contabilidad de los partidos políticos, pero valoró que exigir un informe específico muestra «una clara intención de instrumentalización».