El último macrojuicio pendiente por acusaciones políticas, en este caso por organizar “ongi etorri” a presos y presas, se saldó ayer en la Audiencia Nacional con condenas mucho menores a las planteadas por las acusaciones, entre las que estaban la AVT, Dignidad y Justicia y PP. Antton López Ruiz, Carlos “Kai” Saiz de Egilaz, Oihana Garmendia, Oihana San Vicente, “Pipe” San Epifanio y Haimar Altuna no tendrán que entrar en prisión después de varios años de persecución por parte de la Guardia Civil y el juez instructor Manuel García Castellón.

Todos ellos llegaron ayer a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones que contempla una condena de 1 año y 6 meses por «pertenencia a organización criminal», más otros 6 meses por «humillación a las víctimas» y «enaltecimiento del terrorismo». En virtud de este acuerdo queda suspendida la ejecución de las penas de prisión para los seis implicados con la condición de que en un plazo de tres años no vuelvan a delinquir y no participen en cualquier acto o entrevista que pueda interpretarse como «enaltecimiento del terrorismo de ETA» y suponga «una humillación a las víctimas».

En su acuerdo de conformidad los acusados admitieron formalmente que los recibimientos a presas y presos vascos produjeron «humillación e impacto psicológico a las víctimas» y se comprometieron a la «renuncia a cualquier actividad enaltecedora de ETA y que humille a sus víctimas».

Pese a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, los acusados enfrentan una inhabilitación de tres años para ejercer profesiones u oficios educativos y deberán a hacer frente a una multa de seis meses a razón de diez euros diarios. El acuerdo incluye además que el material vinculado a la dinámica Kalera Kalera quedará en manos del tribunal. Así, pactaron el cierre definitivo del medio digital Kalera.info y sus plataformas asociadas –algo que ya había hecho la propia Audiencia Nacional española–.

Atrás quedan más de cinco años de causa penal, en la que estas seis personas fueran detenidas en dos operativos por la Guardia Civil, en 2020 y 2021. El instituto militar elaboró un informe en el que se les responsabilizaba de hasta 150 recibimientos a prisioneros y prisioneras vascas, propiciando así acusaciones de «enaltecimiento», «humillación a las víctimas» y de «constitución y dirección de organización criminal». Por ello, la Fiscalía pidió cinco años y siete meses de cárcel por 120 recibimientos, mientras las acusaciones formuladas por Dignidad y Justicia, AVT y PP lo elevaron  hasta nueve años.

Entre tanto, el instructor García Castellón perseveró para intentar extender la causa lo máximo posible. Una instancia superior de la Audiencia Nacional le impidió investigar chats de Sortu o Sare afirmando que suponía una extralimitación.

«BLINDA EL PROCESO DE PAZ»

A diferencia de ocasiones anteriores, los acusados llegaron a la Audiencia Nacional sin incidentes y la vista se desarrolló con rapidez. Mientras, a escasos metros, en la Plaza de la Villa de París, el Tribunal Supremo acaparaba toda la atención mediática con las declaraciones del exministro español José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

A su llegada al tribunal español, los procesados recibieron el respaldo de Kizkitza Gil de San Vicente y Nuria Alzugarai (Sortu), así como de Gorka Elejabarrieta y Marije Fullaondo (EH Bildu). Al término de la vista, Haimar Altuna valoró positivamente el acuerdo alcanzado, destacando que «blinda el proceso de paz y establece un camino para seguir avanzando».

De este modo, los implicados afirmaron que este proceso, «fuera de tiempo y lugar», representaba un intento de «retroceder en derechos civiles y políticos y en principios democráticos básicos», algo que según ellos se ha evitado con el pacto alcanzado. En este sentido, anunciaron que seguirán trabajando hacia la resolución total del conflicto que sufre Euskal Herria, «para que todas las víctimas tengan el reconocimiento y la reparación que merecen, y para que regresen todos los presos, refugiados y deportados políticos» vascos.

Por su parte, Sortu criticó lo que calificó como un «juicio anacrónico» cuyo objetivo habría sido «llevar de nuevo a Euskal Herria al pasado», y juzgar «los avances logrados en favor de la paz, la solución y la convivencia durante los últimos 10-15 años». Una vez más, añadió, «la actitud positiva del independentismo de izquierda ha quedado patente».

Para Sortu, este acuerdo es «una muestra del compromiso con la construcción de la convivencia en Euskal Herria y, en la medida de lo posible, para paliar el dolor de las víctimas».

 

EPPK ZANJÓ LA POLÉMICA

Frente a la tesis expandida por la Guardia Civil y hecha suya por García Castellón, lo cierto es que la iniciativa Kalera Kalera que se intentaba criminalizar no tenía como objetivo enaltecer y humillar, sino apoyar la apuesta por la vía legal para vaciar las cárceles hecha por Euskal Preso Politikoen Kolektibo (EPPK).

Por lo que respecta a los “ongi etorri”, fue también EPPK quien de modo voluntario renunció a los formatos públicos. Y lo hizo en un mensaje muy claro en 2021: «Queremos ser recibidos de modo privado y discreto».

«Aun aceptando que la persona presa que sale a la calle tras largos años y condiciones  durísimas en prisión tiene derecho a recibir el abrazo de sus allegados, [esas víctimas] han expresado que los actos públicos de recibimiento les provocan dolor. Nuestro deseo es aliviar todo sufrimiento, ir sanando heridas y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía vasca», señaló entonces.