El acuerdo arancelario firmado entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fija un gravamen del 15% a la mayoría de los productos europeos (hasta ahora oscilaba entre el 0% y el 5%) y contempla 750.000 millones de dólares en compras de energías fósiles y equipamiento militar, más 600.000 millones de dólares en inversiones. La parte norteamericana no adquiere el más mínimo compromiso. Trump justifica semejante desequilibrio para corregir el déficit comercial, que se calcula en torno a los 160.000 millones de dólares. La autoridades europeas creen que casi cualquier pacto era preferible a una guerra comercial.

Aunque los gobiernos de Alemania o Italia se han posicionado a favor del pacto y Pedro Sánchez lo ha dado por bueno aunque «sin entusiasmo», instituciones y entidades muy diversas han ido alzando la voz contra este nuevo acto de subordinación política y económica. Voces que, en muchos casos, no son precisamente antiatlantistas ni anticapitalistas. El Gobierno francés, la izquierda europea, economistas y organizaciones del ámbito empresarial -desde Confebask hasta la Federación de Industrias Alemanas- han advertido que supone una capitulación y que tendrá graves consecuencias en las economías públicas, privadas y familiares europeas. Mientras los defensores del pacto destacan que ofrece certidumbre, los contrarios denuncian que no es certidumbre, sino la certeza de que una gran parte de sus esfuerzos se van a destinar a pagar esas tarifas injustas y que algunos sectores sufrirán para ser competitivos o incluso viables.

Los expertos coinciden en que las guerras comerciales no las gana nadie, y que es la gente corriente la que termina pagando la factura, tanto si se complica la situación sociolaboral como a través del consumo. Lo mismo va a suceder con este pacto, solo que, en este caso, de forma ordenada y fiel. Esa lealtad de Bruselas a Washington, la falta de autonomía estratégica y de inteligencia política, la pagará una vez más la ciudadanía europea. Es importante convertir el creciente consenso social en una alternativa que promueva esa autonomía.