Las reformas aprobadas en el Parlamento de El Salvador buscan eliminar los últimos obstáculos que le quedaban al presidente, Nayib Bukele, para perpetuarse en el poder. Con el apoyo de 57 de los 60 diputados de la Cámara, en adelante se permite la reelección presidencial indefinida, se anula la segunda vuelta electoral y se alarga el período presidencial a seis años. Se institucionaliza así una dictadura que ya estaba a pleno rendimiento autoritario. En especial desde marzo de 2022, cuando se instauró un régimen de excepción que hasta el momento ha sido prorrogado cuarenta veces y que no se prevé que decaiga en un futuro cercano.

Bukele reivindica sin tapujos esta deriva totalitaria. Afirma que no le importa que le llamen «dictador» y que los conceptos «democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien (...) pero son términos que solo se usan para tenernos sometidos». Además de en esa pulsión antidemocrática, el poder de Bukele se ha cimentado sobre la corrupción, la colusión con las bandas, la eliminación de los adversarios políticos, la apuesta por las criptomonedas, la alianza con las fuerzas reaccionarias del resto del mundo, la censura contra la prensa y, sobre todo, una represión salvaje que tiene en un sistema penitenciario despiadado y deshumanizador su máximo emblema. Ese modelo punitivista y torturador abrió la puerta a esta dictadura.

Aunque lo más fácil es pensar que algo así solo puede suceder en otras latitudes, lo cierto es que el Ministerio de Justicia francés acaba de informar de que ha vuelto a batir el récord de personas encarceladas, después de haberse incrementado en 6.442 personas durante el último año. El umbral de los 80.000 reclusos se superó por primera vez el 1 de noviembre de 2024 y desde entonces no ha dejado de crecer, hasta llegar a los 84.951 a 1 de julio. Tienen una densidad carcelaria global del 135,9%, por lo que el hacinamiento es tremendo y las condiciones de vida terribles. Nada comparable con lo que se vive en las cárceles salvadoreñas, sin duda, pero tampoco hay que minusvalorar cómo funciona ese marco punitivista compartido, ni las inercias autoritarias que activa.