El Gobierno de Nafarroa admitió ayer en el Parlamento la enorme gravedad de la desaparición o manipulación de pruebas que ha llevado a dejar impune una doble violación bajo sumisión química ocurrida en Iruñea hace casi diez años. El vicepresidente primero del Ejecutivo, Javier Ramírez, señaló que exige «la asunción de responsabilidades».