Tras la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación del viernes en Madrid, el lehendakari, Imanol Pradales, anunció que «Euskadi podrá participar en la gestión de los tres aeropuertos de la CAPV, a través del ‘órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión’ que se creará gracias al acuerdo que hemos suscrito hoy».

Al día siguiente, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, afirmó que «el lehendakari pudo decir lo que dijo, pero evidentemente el acuerdo es el que es y Euskadi no va a gestionar los aeropuertos» porque son competencia del Estado y «se gestionarán a través de Aena, como ha venido siendo hasta la fecha».

La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, aseguró el domingo que el acuerdo recoge «literalmente» que el órgano bilateral que se creará es «un instrumento de colaboración, coordinación y gestión». Y añadió que «si alguien no está de acuerdo con que Euskadi tenga mayores cotas de decisión, que lo diga».

El presidente del EBB, Aitor Esteban, insistió ayer en que sí se va a participar en la «gestión» de los tres aeropuertos. Y pretendió cerrar el debate con un «de cero a diez se ha llegado a cinco (...) No es verdad que se sigue igual; si no, no existiría un documento que habla de gestión».

ÓRGANO BILATERAL AEROPORTUARIO EUSKADI-ESTADO

El documento publicado por Lehendakaritza recoge que el «objeto» del pacto es la «Creación del Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones». Y, también, la «articulación de un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria».

Esto «implica» «propuestas previas a la elaboración de planes directores», «informes obligatorios sobre planes directores antes de su aprobación». Y «participación en la definición de la estrategia y gestión aeroportuaria en Euskadi».

También se recoge la «participación en la planificación económica y regulatoria, incluyendo: Propuestas previas al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Informe obligatorio sobre el DORA y sus modificaciones. Seguimiento de tarifas aeroportuarias y del programa de inversiones».

El resto de los compromisos del acuerdo pueden consultarse en el documento publicado en NAIZ.

AENA ESTUDIA RECURRIR A LOS TRIBUNALES

Aena considera que el órgano bilateral anunciado debería tener naturaleza «estrictamente consultiva», según lo previsto en la ley, y recalcó que encomendará a sus asesores jurídicos «la valoración de las medidas que resulte procedente adoptar» en defensa del interés de Aena y de sus accionistas. Aena tiene un 51% de capital público y el resto es privado.

La empresa pública en un escrito remitido a la comisión estatal del mercado de valores (CNMV), recordó que este nuevo órgano «no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena», compañía que, de acuerdo a la ley, es propietaria y responsable de la gestión de los aeropuertos de interés general, cuya competencia, a su vez, corresponde al Estado de acuerdo con la Constitución.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aclaró el viernes que este órgano funcionará por consenso entre las partes y que carecerá de competencias ejecutivas, sin alterar el régimen legal de funcionamiento de Aena.