12/11/2013

Ester Montero González
Iruñea
El apartheid en Pamplona

¿Cómo es posible que a organizaciones sociales y personas individuales se nos eche así de espacios públicos? ¿En qué listas de «personas peligrosas» figuramos?

El jueves se celebraba en el Baluarte de Pamplona el XXXI Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Como miembro que soy de distintas asociaciones de defensa del medio ambiente y del mundo rural (Ecologistas en Acción, Red de Semillas, Plataforma Rural...), me interesaba participar en el Seminario para conocer más sobre los programas de cooperación territorial que promueve este organismo y que afectan a los Pirineos en diferentes aspectos como el cambio climático, infraestructuras, etc...

Asistían al acto representantes de las distintas comunidades autónomas de los Estados español y francés, que conforman los Pirineos, entre ellos, la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina.

El martes 15 de octubre recibo un correo electrónico de confirmación desde la dirección ctp2013@congresosnavarra.com: «Nos es grato confirmar su inscripción en el XXXI Consejo Plenario Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que se celebrará en Pamplona el 7 de noviembre de 2013, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, (Plaza de Baluarte S/N)(...)», en el que además se indica la hora de recogida de acreditación, programa, etc...

El jueves me dirijo a Pamplona (a más de una hora en coche desde mi casa) y cuando voy a recoger mi acreditación en el Baluarte me dice la azafata que pase por la mesa de al lado, que me la darán sus compañeros. Cuando llego, dos hombres me indican que les acompañe a por la acreditación. Me sacan de la sala donde están los participantes haciendo cola, me llevan a una adjunta y me indican que me van a acompañar a la salida pues tengo que abandonar inmediatamente el edificio «por motivos de seguridad». Son agentes de paisano de la policía. De nada sirve mi negación, mi incredulidad, mi petición de explicaciones, la solicitud de hablar con un responsable del Consejo Plenario... de nada, solo me sugieren que me vaya «por las buenas».

Todavía sin dar crédito sobre lo que está pasando, salgo a la calle y me encuentro con un jubilado que me cuenta, ¡que le acaba de pasar lo mismo! Y no solo eso, nos vamos enterando que a más de cinco personas las han echado igual, teniendo la confirmación de la inscripción, «por motivos de seguridad», como toda explicación.

En el rato que estamos en la puerta, nos da para percatarnos de la militarización del espacio, la policía está por todos lados, hasta en el tejado del edificio.

¿Cómo es posible que a organizaciones sociales y personas individuales se nos eche así de espacios públicos? ¿En qué listas de «personas peligrosas» figuramos? (algo que claramente ha pasado y que es absolutamente ilegal).

Nuestros derechos más básicos han sido abolidos, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿quién ha dado esa orden?, ¿quién nos ha declarado personas sin derechos?, ¿dónde están los responsables?

Y volviendo a casa, con una rabia e indignación creciente, pienso que estos hechos los tengo que hacer públicos además de poner una denuncia en el Juzgado, y exigir inmediatamente explicaciones al CTP (Comunidad de Trabajo de los Pirineos) y al Gobierno de Navarra.