El fiscal José Perals ha remitido al Juzgado de Instrucción nº 3 de la AN un auto en el que reclama que «se eleve Exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la participación delictiva» de Iñaki Goioaga al considerar que existen «indicios» sobre su presunta colaboración con ETA.

El objetivo del requerimiento sería que el Supremo analice los hechos y levante la inmunidad parlamentaria que asiste al senador vasco para poder posteriormente procesarlo en la causa que se sigue contra tres abogados y otros ciudadanos en el denominado «caso Halboka».

El fiscal pide, asimismo, que se dicte auto de procesamiento contra los abogados Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi así como para David Pla, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, José Domingo Aizpurua, Julen Zelarain, Juan Mari Jauregi y Nerea Redondo.

Indica que la calificación jurídica de los hechos que se les imputan sería de integración y/o colaboración con «organización terrorista» y depósito de armas y explosivos.

Sobreseimiento para Landa

Por el momento no ha incluido en su petición de procesamiento a José Luis Gallastegi a la espera del «informe de la Guardia Civil sobre los efectos hallados en su domicilio».

En cambio, el fiscal interesa el «sobreseimiento provisional» respecto a Erramun Landa, otro de los detenidos en la operación judicial del 14 de abril de 2010, por estimar que del análisis de los efectos ocupados en el registro de su domicilio «no aparecen datos incriminatorios».

En relación con este caso, la semana pasada el juez instructor Javier Gómez Bermúdez instó al Ministerio de Defensa a que desclasificara las comunicaciones telefónicas intervenidas a los investigados ya que «toda la investigación de la Guardia Civil `cuelga' de la interceptación de comunicaciones hechas por el CNI». Añadía, además, que de no incorporarse dichos documentos se podría impedir «el enjuiciamiento o abocar el caso a una sentencia necesariamente absolutoria».

La defensa de los imputados ha mostrado su sorpresa por la petición del fiscal. El letrado Alfontso Zenon no entiende «este repentino apresuramiento, máxime cuando la diligencia principal de la que pende todo el procedimiento, es decir, la verificación de que existe la autorización judicial pertinente para la intervención de las comunicaciones y otras diligencias, aún están pendientes de realizar».

Constata, asimismo, que han cambiado el fiscal del caso y recuerda que el anterior había apoyado al juez en su petición de desclasificación.