«¿Se ha hecho un informe individualizado? ¿Se realizaron seguimientos? ¿Aparecen sus alias en algún documento? ¿Son emisores o receptores de alguna documentación de ETA?» A todas estas preguntas, formuladas por la abogada Jone Goirizelaia en el macrojuicio contra Batasuna, respondió negativamente ayer el perito policial que, durante cuatro días de declaración, ha sustentado la tesis de la «instrumentalización» de HB por parte de ETA. Con ello, y con otras tantas negativas durante el interrogatorio a cargo de Iñigo Iruin, admitía el agente no disponer de base para sostener la acusación de aquellos ciudadanos vascos a quienes se señala por ejercer el control de la coalición abertzale por orden de la organización armada. En realidad, el uniformado, cuyo testimonio ha resultado clave en otros procesos como el 18/98 o «Bateragune», tuvo que admitir que su trabajo se basa en «posibilidades» derivadas de una supuesta militancia en HASI (no demostrada) o KAS y la presencia en el órgano de dirección de HB. Unos documentos que, sin embargo, han servido para justificar toda la acusación. El policía tuvo que reconocer que, a petición del juez instructor, Baltasar Garzón, elaboró los informes en los que se individualizaban las acusaciones. Lo hizo en noviembre de 2002, tres meses después de que el magistrado decretase la suspensión de actividades de Batasuna. Tras adelantarse al Tribunal Supremo, que no aprobaría la ilegalización hasta marzo de 2003, el entonces juez estrella necesitaba acusados físicos con los que sustentar su decisión. Y los buscó en esos informes policiales.

Resulta relevante indicar que, durante la sesión del lunes, el propio agente había señalado que Garzón le sugirió elaborar un informe que documentase la violencia política ocurrida durante las últimas décadas en Euskal Herria. «Una especie de causa general», afirmó textualmente. No obstante, en lo que el juez, actualmente suspendido por orden del Tribunal Supremo español, basó su iniciativa no fue en este documento, sino en los que hablaban sobre las teorías sobre «instrumentalización» y «desdoblamiento». Unas tesis a la que se aferró también el fiscal para elaborar la imputación.

Ayer los abogados quisieron ahondar en las acusaciones personales. «Esto no es un debate histórico sino una causa penal», recordó Iruin. Y ahí, caso a caso, el policía tuvo que admitir que ni siquiera pueden saber con certeza si aquellos a quienes ubica en HASI pertenecieron al partido disuelto en 1991. Tampoco pueden determinar que aparezcan en documentación de ETA o ejerciesen como «delegados» de la organización armada en HB. «Si hubiésemos tenido más información la habríamos aportado», admitió.

Es en ese informe de noviembre de 2002 en el que, a solicitud de Garzón, el perito, adscrito a la Comisaría General de Información de la Policía española, recoge «los sucesivos responsables del aparato político de ETA desde la constitución de HB y, simultáneamente, los miembros de la Mesa Nacional» de HB, EH y Batasuna. También, «y de forma paralela, las vinculaciones entre uno y otro». Un documento que, tal y como señaló ayer el policía, quedó incompleto ya que ni siquiera incluyeron las funciones de todos los integrantes de las direcciones de estos partidos, que hasta aquel momento habían sido completamente legales. «No llevamos a cabo ningún acto de investigación, vigilancias u observaciones telefónicas».

Sin datos en las tres fases

En su argumentación, el agente había dividido la historia de HB y su supuesta «instrumentalización» en tres fases. La primera, entre 1983 y 1991, que se desarrollaría a través de miembros de HASI. Sin embargo, a preguntas del letrado, se vio obligado a que conceder que la única base para situar a varios de los acusados en el partido disuelto hace dos décadas era un control de carretera de la Guardia Civil ubicado, precisamente, en el congreso en el que se decidió la extinción. El hecho de que fuese el instituto armado quien puso este control hace que el perito, miembro de la Policía española, ni siquiera tenga conocimiento directo ni de su ubicación ni de cómo se desarrolló. «¿Alguna de las personas a las que atribuye militancia en HASI se ha identificado públicamente alguna vez como miembro de este partido?» insistió Iruin. «No, porque lo habríamos aportado», admitió el uniformado.

Incluso fue más allá, señalando que, en el caso de que miembros de la Mesa Nacional tuviesen militancia reconocida en HASI, tampoco bastaría para considerarles como «delegados de ETA», sino que serían necesarios unos hechos concretos. Por este motivo, y tal como indicó Iruin, el propio agente habla en su informe acerca de hipótesis. De hecho, también cabría la opción que ese supuesto control de la organización armada se desarrollase a través de ASK, pero, según planteó en la sala, no se abordó esta cuestión por no disponer de identificaciones. «Es un proceso lógico que apunta en una dirección pero del que no tenemos elementos concretos que permitan confirmar que se haya llevado a efecto. Las personas que entendíamos que habían actuado como delegados estaban en otros procedimientos», sentenció.

El «delegado» de KAS

La segunda fase de la que habla el policía es la comprendida entre 1991 y 1995, en la que la «instrumentalización» se llevaría a cabo a través de la «militancia amancomunada» de KAS. Y en este punto, tras señalar que no todos los miembros de HASI pasaron a formar parte de esa otra estructura, consideró, nuevamente, que ni siquiera haber pertenecido al grupo disuelto habría bastado para ejercer ese supuesto papel de «delegado». «Nosotros lo que hacemos es, simplemente, apuntarlo como una posibilidad», matizó.

Sobre este punto, Iruin también llevó al agente a analizar diverso material. En concreto, un documento de 1991 que hablaba sobre la necesidad de crear la figura de «delegado-coordinador» entre KAS y HB. «No se pudo llegar a la conclusión de quien era quien llevaba esa tarea», señaló, tras ser interrogado sobre los archivos incautados a José Mari Dorronsoro. Finalmente, admitió que ninguno de los imputados aparece como miembro de KAS en algún documento de ETA ni ningún apodo identificable con ellos.

Esta línea, marcada por escuetos «noes» cuando se le preguntaba por si podía aportar elementos que ubicasen a personas concretas en relación con ETA, prosiguió durante el análisis de la tercera fase, hasta 2001. Un punto en el que quedaron en evidencia las vagas referencias («bases de datos», «notas informativas internas») que justificaban la inclusión en la causa. Un compendio de «hipótesis» que, todavía hoy, amenaza con penas de cárcel a ciudadanos vascos.