«Sin justicia no hay verdad, reconocimiento ni reparación», afirmaba Chato Galante, miembro de La Comuna, asociación de expresos políticos del franquismo presente en la reunión con el relator de la ONU Pablo Greiff. El encuentro mantenido con la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina constituye la primera toma de contacto de Greiff con la sociedad civil que reclama que los responsables de la dictadura fascista sean procesados y que han chocado, una y otra vez, con la oposición de la Judicatura española. «La impresión es muy positiva», indicaba, confiando en que las conclusiones del relator, cuya primera valoración se hará pública el 3 de febrero, tomarán en consideración esa «justicia» que, a su juicio, es la «base» para resarcir a las víctimas de la represión del régimen de Franco.

Pablo Slepoy, abogado de la querella, mostraba esperanza. También, Ascensión Vargas. Su madre, Ascensión Mendieta, es una de las querellantes y a sus 88 años pudo declarar, por fin, ante un tribunal en el reciente viaje a Argentina. «Todos los relatores independientes que vienen aquí se preguntan cómo puede ocurrir esto», afirmaba Slepoy, en referencia a la impunidad de la que, hasta el momento, han gozado tanto los responsables políticos del franquismo como los ejecutores de sus crímenes. No era la primera vez que el abogado explicaba ante un representante de la ONU las trabas del Gobierno español para juzgar al franquismo. Entre sus reclamaciones está «que la Justicia española colabore con la argentina, que se inste a la Audiencia Nacional a conceder las extradiciones solicitadas (por el momento, la del expolicía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el exguardia Civil Jesús Muñecas), y que Madrid acepte el principio de justicia universal».

Tampoco pasó por alto lo que denunció como «doble rasero» entre diferentes colectivos de víctimas. Por una parte, las afectadas por la violencia de ETA y, por la otra, las del franquismo. «Son cientos de miles y ni siquiera se les incluye en el Estatuto de la Víctima», fue uno de los mensajes que transmitió al relator. En este sentido, recordó que la Ley de Memoria Histórica apenas sirve para «poner un cartelito» pero no para la «compensación». Por no hablar de las exhumaciones, cuyas ayudas eliminó el PP nada más llegar al Gobierno, llegando a excusarse afirmando que «no había demanda» ante la visita de Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias que se celebró el pasado mes de setiembre.

«La querella argentina es un instrumento», defendió, tras mostrarse partidario de una comisión de la verdad pero incidir en la vía judicial abierta en Buenos Aires. Una fórmula que busca quebrar las reticencias de jueces y fiscales españoles para dar un paso adelante. Más aún cuando este fenómeno ya ocurrió a la inversa en Argentina y Chile. Como indicó Slepoy, los procedimientos abiertos en el Estado sirvieron para que esos países abriesen sus causas. En este contexto, Galante indicó que en marzo presentarán un nuevo escrito de acusación ante la jueza Servini en el que incluirán a «ministros, policías, carceleros, responsables de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo o se lucraron con la represión del franquismo».

Por parte del relator, mutismo. No hablará hasta el 3 de febrero. De la reunión solo trascendió su constatación de que, en procesos similares, es la sociedad civil la que abre camino. Los gobiernos que suceden a regímenes como el de Franco suelen ser reacios a señalar a sus predecesores.