Si las inclemencias primaverales no lo impiden, durante este fin de semana se montarán en distintos puntos de nuestro país muchos eslabones anunciando la cadena humana que se construirá el 8 de junio entre Iruñea y Durango. La iniciativa Gure Esku Dago, que este invierno ha ido propagándose de pueblo en pueblo, ha comenzado a florecer con múltiples formas y colores.

Aunque el reto final no es fácil de lograr, en estos momentos parece que no hay obstáculo que pueda impedir que se enlacen las manos de al menos 50.000 ciudadanas y ciudadanos a lo largo de esos 123 kilómetros zigzagueantes que ha diseñado la organización.

No es que quiera ser agorero pero me temo que habrá quien intente frenar la convocatoria. Tienen todos los boletos Carmen Alba y Carlos Urquijo, tan dados a utilizar los altavoces mediáticos para lanzar estrepitosas amenazas como discretos cuando, tras el correspondiente cepillado judicial, se quedan en agua de borrajas.

Como penúltimo ejemplo -desgraciadamente, puedo augurar que habrá más a corto plazo-, el delegado español en la CAV ya ha advertido a Udalbiltza que no permanecerá parado mientras la institución nacional pone en marcha su iniciativa para dotar a quien lo desee de un documento que acredite su ciudadanía vasca. Una vez más, ha quedado claro que Urquijo es muy corto de entendederas, ya que, en su amenaza, exige a Udalbiltza que «cese inmediatamente la campaña para crear un DNI vasco». Y va a resultar que está pidiendo peras al olmo.

Claro que, como ni él ni su homóloga en tierras navarras conocen cuál es su propio colmo, serán capaces también de intentar poner puertas al campo o cadenas a las demandas de libertad de este pueblo. Mientras tanto, por tierra, por mar y por aire, sin ningún tipo de amenazas, se está trenzando una resistente cadena integrada por personas que proceden de distintas familias políticas y que tiene por objetivo permitir que se ejerza el derecho a decidir de la ciudadanía vasca.

El objetivo no es levantar barreras, sino liberar a un país de las cadenas impuestas por dos estados que, paradójicamente, se presentan como defensores de una «Europa sin fronteras» al tiempo que obligan a permanecer dentro de sus límites a pueblos que no desean seguir así.